El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha elevado una consulta a la Comisión de Ética pública para aclarar si el presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, incumplió el código ético en su viaje a París para asistir al partido de fútbol de la final de la Champions; así como el vicepresidente del ejecutivo autonómico, García Gallardo, en su asistencia a la Feria Taurina de Roa de Duero (Burgos).

En el caso del presidente de la Junta de Castilla y León, la solicitud se hace tras presentar, el pasado 31 de mayo de 2022, una petición de documentación de todos los justificantes y facturas derivados de la participación del presidente de la Junta de Castilla y León en el partido de fútbol de la final de la Champions, celebrado en París, el sábado 28 de mayo de 2022; a la cual, el ejecutivo autonómico, con fecha de registro 21 de julio de 2022, expuso que no constaba documento alguno relacionado con la cuestión planteada.

En referencia al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, el pasado 17 de agosto de 2022 asistió a la Feria Taurina de Roa de Duero (Burgos), tal y como dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Nada se menciona en la agenda de altos cargos.

“Un hecho que resulta contradictorio. ¿Cómo es posible que el vicepresidente publique el 17 de agosto su asistencia y la web de agenda pública, se actualice a posteriori, y feche el evento el 16 de agosto?”, ha cuestionado el procurador de Cs en referencia a los cambios ocurridos en la agenda pública de altos cargos tras su denuncia en Twitter.

Conforme a lo establecido en la Acuerdo 16/2020, de 7 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la actualización del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la comunidad de Castilla y León y sus Entidades Adscritas; en concreto, en su Artículo 4, apartado sexto: Criterios para una actuación imparcial, se eleva la consulta a la Comisión de Ética Pública; para aclarar si el presidente y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León incumplieron el Código Ético.