El Consejo de Cuentas de Castilla y León plantea una reforma normativa para dar “un nuevo impulso” a la institución y expresa su disposición a asumir nuevas competencias, como la creación de una unidad de evaluación de las políticas públicas, pero advierte de que no “a coste cero”, sino con recursos adicionales y una adecuación de la plantilla.

La propuesta del órgano externo de fiscalización, trasladada al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a los portavoces de los grupos Popular y Socialista en las Cortes, Raúl de la Hoz y Luis Tudanca, respectivamente, se recoge en la Memoria de Actividades de 2021, entregada en las Cortes de Castilla y León.

Se propone, por una parte, modificaciones en la ley para reforzar la independencia del Consejo de Cuentas y garantizar su autonomía funcional, en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos de España. Esta propuesta, como señala la Memoria, consultada por Ical, se entregó a los grupos de las Cortes en el año 2000.

Además, el Consejo de Cuentas está dispuesto a que en su organigrama esté adscrita la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, como una unidad interna. De ese modo, acepta la propuesta recogida en el estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) encargado por la entonces Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

El Gobierno de coalición de PP-Cs incluyó en su acuerdo programático de 2019 la creación de una agencia de evaluación de las políticas públicas. Así, encargó un estudio a la Airef en el que se recomienda su adscripción al Consejo de Cuentas por su experiencia en la elaboración de auditorías. Según recoge la Memoria, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró “receptivo” a la propuesta que le planteó Mario Amilivia en una reunión en octubre de 2021.

La posible creación, en el organigrama del Consejo de Cuentas, de esa unidad requiere modificar la Ley de la institución. En el documento de la Airef, se apuesta por el cambio a través de una proposición de ley al entender que esa vía haría posible el “necesario mantenimiento” de la independencia del órgano de control respecto del Ejecutivo autonómico. “Está unidad no puede gestarse a coste cero y necesitaría de recursos adicionales”, según Mario Amilivia.

Ley reguladora

El presidente del Consejo de Cuentas considera que “ha llegado el momento de acometer una reforma normativa que permita” a la institución “un nuevo impulso en el cumplimiento de sus objetivos”. Según Amilivia, la asunción de nuevas competencias, acompañada de recursos materiales y humanos, junto con una adecuación de la plantilla no lo permite la actual ley de 2013.

En materia de personal, se propone mejorar los recursos humanos y tener el mismo régimen de retribuciones del personal de las Cortes, institución de la que depende orgánicamente, o bien el marco anterior a la reforma de 2013. Según consta en la Memoria, el actual sistema retributivo "resulta disuasorio", tanto para garantizar la cobertura de plazas con la incorporación de personal debidamente cualificado, como para el mantenimiento de la actual plantilla.

La modificación de la ley plantea incorporar estímulos a la rendición de cuentas, avances en la autonomía orgánica y funcional del órgano de control, acortar los plazos para cumplir con esa obligación legal con el propósito de dotar a los informes de fiscalización la mayor actualidad posible.

En 2002 las Cortes aprueban la Ley reguladora del Consejo de Cuentas y en febrero de 2003 toman posesión sus cargos los cinco miembros que configuraron el primer Pleno del Consejo. En 2011 se modifica por ley la organización y funcionamiento de esta institución propia y queda reducida su composición a tres consejeros.