La Consejería de Fomento y Medio Ambiente actualiza al alza los precios máximos de venta y alquiler de las viviendas protegidas, en especial, de los pequeños pueblos, con el objetivo de hacer más atractivas estas promociones e impulsar la actividad inmobiliaria en estos núcleos de población del medio rural.  

Así lo recoge el borrador de una orden que heredará el nuevo gobierno de la Junta, que conforman PP y Vox, y con el que Castilla y León se adapta a la ley de 2010 del derecho a la vivienda, puesto que la actual regulación fue previa a esa norma. De esta forma, según fuentes consultadas por Ical, se pretende reforzar la “seguridad jurídica” al ajustar las tipologías de viviendas protegidas.  

Esta orden, que tendrá que firmar quien dirija las políticas de vivienda de la Junta, sustituye a la actual, de enero de 2010, que hacía referencia a unos tipos de vivienda protegida que desaparecieron en aquel año, tras la aprobación de la nueva norma. Ahora, se ajustan los coeficientes para calcular los precios a las existentes, evitando tener que hacer “interpretaciones” desde la administración.

De la misma forma, la Junta opta por establecer tres categorías de municipios a la hora de fijar los precios máximos, en lugar de los cinco anteriores. Fuentes de Fomento indicaron que al acudir al “derecho comparado” vieron que Castilla y León era la única autonomía que contaban con tantos tipos, por lo que optaron por la simplificación de la estratificación municipal.  

A partir de las nuevas clasificaciones, la Consejería siguió los estudios de los agentes de la propiedad inmobiliaria para analizar la evolución de la vivienda libre en Castilla y León, con el fin de ajustar los precios a la tendencia del mercado. Así, se han producido incrementos en los municipios “más dinámicos” en este sector, puesto que se detectó subidas desde 2010, en la anterior crisis económica.

De esta forma, el principal cambio en la clasificación de municipios lo protagoniza León, que asciende al primer grupo, que comparte con otras ciudades como Burgos, Salamanca, Valladolid y Segovia. En el segundo figuran las otras cuatro capitales: Ávila, Palencia, Soria y Zamora.  

Junto a ellos aparecen otros municipios “dinámicos”, que han crecido de forma notable: Aguilar de Campoo, Aranda de Duero, Arroyo de la Encomienda, Carbajosa de la Sagrada, La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Ponferrada, Real sitio de San Ildefonso, San Andrés del Rabanedo y Santa Marta de Tormes.

Además, ascienden de ‘peldaño’ el resto de municipios, que pasan del cuarto al tercero, de forma que se aplica una subida de precios, que persigue incentivar y fomentar que los promotores inmobiliarios decidan llevar sus inversiones hasta esta zonas. Con ello, espera incrementar la oferta de vivienda protegida nueva en estas áreas menos pobladas.

Fomento aclara que los precios previstos en esta orden serán aplicables a las nuevas promociones, así como aquellas solicitudes de calificación que a la fecha de su entrada en vigor no hayan sido resueltas expresamente dentro del plazo fijado.

Alquiler

Por otra parte, la orden establece que el precio legal de referencia para el alquiler será el resultante de aplicar el cuatro por ciento al precio máximo de venta en primera transmisión que correspondería a la vivienda protegida que se alquile, según el ámbito municipal en la que se sitúe.  

En el caso de las viviendas promovidas por la Administración autonómica será el resultante de aplicar el 3,5 por ciento al precio máximo de venta en primera transmisión que correspondería a la vivienda protegida que se alquile, según el ámbito municipal en la que se sitúe. En el caso de promociones financiadas con cargo a los planes estatales de vivienda, el precio será el que se determine en estos planes.