Uno de los principales asuntos que debe "afrontar el nuevo gobierno regional es la exclusión financiera a la que se ven abocados 178 municipios de la provincia de Valladolid y más del 90 % de los pueblos de nuestra región", indica el coordinador  de España Vaciada en Valladolid, Alejandro Estébanez.

La desaparición de oficinas y la dificultad de acceso a los servicios bancarios "suponen una discriminación más para los habitantes de la España vaciada".

"La reestructuración del servicio financiero en España, con cierre de entidades bancarias está afectando muy gravemente a Castilla y León,  puesto que de las diez provincias con mayor número de municipios sin oficinas bancarias a nivel nacional, nueve son las provincias de nuestra región", afirman desde la formación política.

En función de estos datos, España Vaciada denuncia lo que consideran que es "un nuevo agravio para los territorios que sufren la problemática de la despoblación de manera más acuciante, que una vez más sufren una pérdida de servicios que perjudica las condiciones de vida dignas que demandan desde todos los rincones del estado".

Señala Estébanez, que desde la España Vaciada solicitan que "los habitantes de los territorios de la España vaciada sean considerados usuarios vulnerables para la banca, por encontrarse en riesgo de exclusión". Argumenta que  “en muchas ocasiones deben desplazarse a otra localidad, a varios kilómetros de su hogar, para acceder a una oficina bancaria o a un cajero automático, porque no tienen la posibilidad de realizar ni siquiera las operaciones más básicas en su municipio”. 

"Situación especialmente grave para las personas mayores del mundo rural que no son usuarios de la banca digital y que les convierte en personas dependientes con serias dificultades para  acceder a sus propios recursos económicos", aseguran. Recuerda Estébanez que esta situación unida a las dificultades de acceso a internet en gran número de pueblos "está agravando la brecha digital territorial".

Recuerda Estébanez que esta situación "no solo afecta a los derechos de las personas del mundo rural, sino que está generando un laste para el tejido empresarial, pymes, comercios y autónomos que están desarrollando su actividad de nuestros pueblos".

Por ello, desde la España Vaciada exigen que la actividad financiera "sea considerada un servicio básico, garantizado por el Estado para toda la población, independientemente del lugar donde se viva, porque ser pocos, no debe restar derechos".

La exclusión bancaria "es un goteo constante que amenaza con afectar a todo el mundo rural de nuestra región más pronto que tarde, y que debe ser abordado por el gobierno regional de forma prioritaria en el momento que se constituya", señala Estébanez.