El domingo 13, elecciones en Castilla y León, está cada vez más cerca y los partidos políticos cargan su munición para los últimos días. Si el Partido Popular decidió apostar por el efecto Ayuso ayer en Valladolid, el PSOE, o más concretamente Pedro Sánchez, ha apostado por anuncios en aspectos clave para el mundo rural, como son la despoblación o el sector primario. Algo que no le ha sentado nada bien al presidente popular Pablo Casado, quien hoy en Miranda de Ebro en una visita a una empresa aeronáutica, ha cargado contra Sánchez por “usar el BOE para anunciar medidas electoralistas”. Entre estas medidas están las de eliminar las mascarillas al aire libre, presentar un plan estratégico para la industria agroalimentaria (PERTE) o la de acelerar la subida del SMI.

Por este motivo, el Partido Popular ha presentado ante la Junta Electoral una denuncia contra Sánchez al entender que aprovecha su condición como jefe del Gobierno para lanzar anuncios oficiales durante varios actos electorales. “Ya está bien de juego sucio. Ya está bien utilizar el BOE y el Consejo de Ministros para hacer anuncios en plena campaña electoral. Es una vergüenza, vamos a recurrir para que Sánchez deje de usar el dinero de los españoles para comprar votos”. Así, ha insistido en pedir “juego limpio y medidas necesarias, no brindis al sol que se olvidarán tras el 13 de febrero”. Así, a las ayudas para el sector agroindustrialas ha denominado como "un refrito de ayudas que estaban pendientes". 

Casado ha recordado que el presidente del Gobierno ha sido “el único condenado” hace pocos meses por por sus "viernes sociales" en el Consejo de Ministros en 2019, "que eran electorales" y vulnerar la ley electoral, y ahora volverá a ser denunciado. 

Reparto de fondos europeos

Por otro lado, el presidente popular ha adelantado que hoy están en Bruselas varios alcaldes para denunciar el reparto a dedo de los fondos europeos.” Queremos que haya transparencia, rendición de cuentas y honestidad”. Ya que ha apuntado que se han destinado 2/3 de las ayudas para la administración “gestionada por socialistas y por partidos independentistas”.