Abogados Cristianos ha denunciado este martes una serie de vulneraciones de derechos fundamentales que se han producido, a su juicio, durante la presente legislatura por parte del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. La asociación jurídica considera que el Ejecutivo autonómico ha infringido cuestiones relativas a siete derechos: límite de 25 personas en celebraciones religiosas, prohibición de procesiones, la imposición de la bandera LGTBi y el protocolo trans para los escolares, entre otras.

Durante la presentación del informe que detalla la denuncia de la asociación su presidenta, Polonia Castellanos, ha hecho especial hincapié en que "ningún gobernante regional" tiene legitimidad para "vulnerarlos", ya que aparecen recogidos en la Constitución Española. Una de las cuestiones que más preocupan a la asociación es la limitación de aforo a 25 personas para las celebraciones religiosas aprobada por la Junta de Castilla y León a finales del año 2020, que Abogados Cristianos recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo, que admitió las medidas cautelares y suspendió la medida. La asociación destaca que la medida "no tenía en cuenta si el espacio era abierto o cerrado, o las dimensiones del mismo" por lo que para la asociación, "en la práctica se trataba de una prohibición de acceso a las iglesias para muchas personas".

Vulneración de derechos fundamentales

Además, Abogados Cristianos han recordado que mientras esta limitación se producía en los templos, "en otras celebraciones como en los teatros se permitía mayor aforo", algo que consideran contradictorio. Según la asociación, "con esta medida se vulneraron los artículos 14, 16.1, 21.1 y 81 de la Constitución", relativos a la igualdad ante la ley, la garantía de la libertad religiosa y de culto y el desarrollo de los derechos fundamentales. Por otro lado, han recordado que el Tribunal Supremo les dio la razón también en Cantabria, declarando nula una medida aprobada por el Gobierno regional que preveía límites de aforo de 10 personas en algunos municipios.

Otra cuestión que denuncia la asociación es la prohibición de procesiones en la Semana Santa de 2021. Abogados Cristianos asegura que esta medida solo puede tomarse a través de una Ley Orgánica, y que Mañueco no tenía competencias para aprobar algo así. Además, Polonia Castellanos ha recordado que mientras la Junta prohibía procesiones "daba luz verde a la organización de manifestaciones por parte de los sindicatos".

Por otro lado, Abogados Cristianos ha denunciado el protocolo para el alumnado trans aprobado por la Junta que, para la asociación, "imponía un protocolo en determinados colegios sin que lo supieran los padres ni se hubiera publicado en ningún lugar". Para Polonia Castellanos esta medida supuso "limitar la patria potestad de los padres e imponer clases de adoctrinamiento". La presidenta de la asociación ha recordado que tras reunirse con los responsables de Educación de la Junta le aseguraron que la medida era "un experimento". Abogados Cristianos interpuso una demanda y el protocolo fue retirado y no llegó a aplicarse.

Contradicción entre el PP regional y el nacional

La asociación ha destacado el "uso de banderas no oficiales" por parte de la Junta de Castilla y León, en referencia a la colocación de una bandera del colectivo LGTBi en la fachada de las Cortes de Castilla y León, tras una decisión que, para Abogados Cristianos, "pasó incluso por encima de la jurisprudencia del Supremo". Además, Polonia Castellanos ha recordado que ya existe una sentencia firme que condena a la Diputación de Valladolid por haber colocado la misma bandera en su fachada, una sentencia que "llegó tras la denuncia de Abogados Cristianos".

Por último, la asociación considera que el Gobierno de Castilla y León "ha vulnerado el derecho fundamental a la vida promocionando la eutanasia" y considera "contradictorio" que mientras la dirección nacional del PP ha recurrido la Ley de Eutanasia el Ejecutivo autonómico la ha "promocionado". Además, ha asegurado que existe otra "contradicción" en el hecho de que el Gobierno de Castilla y León "votó a favor de una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE para garantizar el aborto en la sanidad pública de la región" mientras que la dirección nacional "ha llevado esta ley al Tribunal Constitucional al considerar que viola el derecho fundamental a la vida".