La coalición electoral Partido Castellano-Tierra Comunera-Recortes Cero (PCAS-TC-RC), que concurre a las elecciones autonómicas de Castilla y León del 13 de febrero en las nueve provincias de esta comunidad autónoma, ha presentado una denuncia por presunta infracción electoral y posible delito electoral ante la Junta Electoral Central de Castilla y León contra Alfonso Fernández Mañueco, por considerar que utiliza medios institucionales en actos de campaña.

Según la formación castellanista, Fernández Mañueco, desde la convocatoria de las elecciones autonómicas hasta el día de hoy, ha convertido su agenda institucional -financiada con dinero público- en su agenda de precampaña electoral, “violando de forma impune y flagrante la legislación electoral y pisoteando el principio democrático básico de que todas las candidaturas cuenten con las mismas posibilidades para presentar sus proyectos y programas”.

Domingo Hernández Araico, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el PCAS-TC-RC, considera que Mañueco, “de forma deliberada desafía y desprecia a la Junta Electoral, al ignorar los apercibimientos recibidos por utilizar medios institucionales para lanzar mensajes "de contenido electoralista y vulnerar el principio de neutralidad" de las instituciones públicas.

Para la formación castellanista resulta “especialmente bochornoso” que a pocos días del arranque oficial de la campaña electoral, Mañueco reitere estas prácticas en la Feria de Turismo Interior (Fitur), donde el presidente de Castilla y León, junto al presidente nacional del PP, Pablo Casado, “han convertido el stand turístico de Castilla y León, pagado por los impuestos de toda la ciudadanía de esta comunidad autónoma, en un estrado electoral del partido Popular”.

Apelan a la Ley Electoral

Desde la coalición electoral castellanista se recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.

Asimismo, recuerda que la LOREG establece que durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo.

Por todas estas razones, se ha dirigido a la Junta Electoral Central de Castilla y León al objeto de que sancione al candidato Alfonso Fernández Mañueco, así como a la candidatura del Partido Popular en Castilla y León, por infracción electoral reiterada y por desacato ante el incumplimiento de los apercibimientos previamente recibidos, al tiempo que solicita a los servicios jurídicos de la Junta Electoral de Castilla y León que analicen si estos comportamientos pudieran también ser constitutivos de Delito Electoral.

Estima que, cuando menos, Mañueco y el Partido Popular deberían ser merecedores de una sanción económica equivalente al coste a precio de mercado de la organización de los actos institucionales a los que ha asistido desde la convocatoria de las elecciones de Castilla y León, y que ha instrumentalizado de forma partidista en beneficio de su candidatura, así como del coste de la repercusión mediática, como propaganda electoral, de esas mismas actividades.

Finalmente, reclama campañas preelectorales y electorales que garanticen la igualdad de condiciones para todas las formaciones concurrentes, como un derecho de la ciudadanía a conocer las diferentes opciones que pueden libremente elegir. El sistema actual, que premia económica y mediáticamente a las grandes formaciones políticas y ningunea a las opciones emergentes, es simplemente corrupción, empobrecimiento democrático y un nuevo argumento para que los ciudadanos pierdan el interés por la participación pública.