El Consejo de Gobierno ha conocido esta mañana la suscripción del convenio entre el Instituto para la Transición Justa y la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que se formalizan las ayudas del RD 341/2021 de 18 de mayo para la restauración ambiental para zonas degradadas por la minería del carbón.

Estas ayudas afectan a tres proyectos concretos: Gran Corta de Fabero, varios espacios mineros afectados por cierre, y otras dos explotaciones, una subterránea y otra a cielo abierto, todas ellas en la comarca leonesa de El Bierzo, con una inversión que alcanza los 70,6 millones de euros.

El convenio se firmó el 30 de noviembre y prevé la restauración ambiental de 1.061 hectáreas y la previsión de la creación de entre 180 y 192 puestos de trabajo.

En concreto, esta inversión afectará a la restauración ambiental de la explotación a cielo abierto Gran Corta Fabero UMINSA, en los términos municipales de Fabero del Bierzo, Berlanga del Bierzo y Páramo del Sil, en la de espacios mineros afectados por el plan de cierre de la minería no competitiva en Torre del Bierzo y Villagatón, y en la restauración ambiental de la explotación subterránea Grupos Casares y Ladil – Minas de Bierzo Alto S.L., así como de la explotación a cielo abierto El Charcón, Rebollal y Pico – Alto Bierzo S.A., ambas en el término municipal de Igüeña.

Para mitigar las consecuencias de la descarbonización

Los proyectos de restauración a los que irán destinadas las ayudas pretenden mitigar la difícil situación laboral y social derivada de los cierres y agravada por la pandemia de la COVID-19, promoviendo el mantenimiento del empleo, en particular los excedentes mineros y sus empresas auxiliares, así como de la población de la zona.

De esta inversión, el Instituto para la Transición Justa financiará 67,9 millones con cargo al programa "Transición justa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".

Por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente financiará el resto, 2.690.769 euros, que es el equivalente al importe de la ejecución de los avales depositados por las empresas.

Fomento y Medio Ambiente deberá presentar en el mes de enero y en el mes de junio de cada año, en el seno de la Comisión de Seguimiento, el informe del titular del órgano beneficiario de la subvención en el que se detalle el grado de ejecución de los proyectos, el calendario de los trabajos efectuados y de los resultados obtenidos, con las actividades realizadas en cada ejercicio económico.

Además, se asegurará de que las entidades a las que se adjudique o encargue la ejecución de los proyectos cumplan el principio de ‘no causar un perjuicio significativo al medio ambiente’ y los objetivos climáticos y digitales, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.