Debido a los incidentes que se han producido estas últimas semanas en las prisiones españolas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Acaip UGT, se han concentrado hoy, ante la Delegación de Gobierno de Castilla y León en Valladolid, para reclamar “una legislación necesaria que reconozca a los trabajadores penitenciarios como agentes de autoridad, para que las agresiones que sufren sean considerados atentado a la autoridad, y no acaben como sanciones administrativas”.

Así lo ha explicado el responsable nacional de Prisiones de CSIF, Jorge Vilas, ha alertado “de la gravedad de las últimas agresiones a funcionarios de centros penitenciarios, como la sufrida el pasado sábado en Logroño, en la que una funcionaria recibió varios golpes de una interna y ha perdido dos piezas dentales”. O en Cuenca, dónde hace dos semanas “un compañero casi pierde la vida por un ataque con un cristal en el cuello de un interno que había estado en primer grado recientemente”.

Vilas ha añadido que “en Castilla y León, nuestro sector, sufre alrededor de 50 agresiones al año” debido a la falta de personal “puesto que las vacantes superan los 600 puestos en la Comunidad y en el conjunto de España suman unos 4.100. Además, ha hecho hincapié en la carencia de médicos y de otros profesionales, como psicólogos, educadores, asistentes sociales o juristas, agravan las deficiencias en la gestión en las cárceles y en la atención y tratamiento a los internos.

Por otra parte, el líder sindical ha expresado la necesidad de “reclamar el cumplimiento y desarrollo del Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones (PEAFA) en las prisiones; así como la aprobación -de manera consensuada con los sindicatos- de la ley de la función pública penitenciaria, que es del año 1979, ha quedado completamente desfasada y no sirve. No reúne las condiciones para afrontar los retos y problemas penitenciarios del siglo XXI”.

Agresiones previsibles y que se podrían evitar

Asimismo, desde el sindicato se ha remarcado que “en algunas de las últimas agresiones, se da la circunstancia de que hay informes previos de los trabajadores penitenciarios que advertían de la peligrosidad de los internos agresores, y que incluso proponían la regresión a grados de clasificación con regímenes más restrictivos”. Unas solicitudes a las que no se ha hecho caso, poniéndose en riesgo la integridad física de los trabajadores de las prisiones.

Jorge Vilas, responsable nacional de prisiones de CSIF

Para concluir, Vilas ha indicado que sería recomendable “contar con uniformes acordes y dignos a nuestro trabajo, así como una formación adecuada”.

Por todo ello, CSIF ha exigido el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante la situación insostenible que sufre el personal de prisiones y su nula capacidad para gestionar las deficiencias actuales, y los últimos episodios graves de violencia en las cárceles españolas.