El paquete de medidas anunciado hoy en Zamora por el presidente también incluye incrementar en ocho millones de euros las partidas que la Junta de Castilla y León destina a las entidades locales para ayudas de emergencia a las familias, creando a tal fin una nueva línea por la subida de la electricidad y otras energías. Serán cuatro millones de euros este año y otros tantos el próximo ejercicio, ha apuntado Fernández Mañueco, quien ha recordado que son precisamente las entidades locales las que tramitan las ayudas de emergencia y la Junta ayuda a las familias a través de ellas.

En tercer lugar, se reforzarán los convenios con las empresas suministradoras para evitar cortes por impagos de las familias con dificultades. Ya se están renovando los acuerdos en este sentido suscritos con Iberdrola, Nartugy y Repsol y, además, se está preparando otro para sumar a Endesa. Una medida “importante” y que “saca de un apuro” a muchas familias, ha destacado Fernández Mañueco, quien ha apuntado que el año pasado evitó el corte de suministro a más de 400 hogares en Castilla y León.

Complementarias

Por otra parte, la Junta está pendiente de que el Gobierno de España notifique si mantiene el bono térmico este año, así como la relación de beneficiarios y el importe, de modo que se pueda o no incluir en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022. Para abonar esta ayuda en 2020 se gestionaron 8,8 millones de euros para 93.000 familias, con una cantidad que osciló entre los 67 y los 123 euros.

Uno conjunto de medidas, ha resaltado Fernández Mañueco, que servirán para ayudar a las familias con dificultades y que más están sufriendo el “subidón” de la energía. Además, se complementan a las que ya se ofrecen a  las familias más necesitadas, como son la Renta Garantizada de Ciudadanía o las ayudas de emergencia, que llegan a 32.000 familias.

“Tenemos unos servicios sociales del primera, entre los mejor valorados de España, y es por iniciativas como ésta”, ha subrayado el presidente de la Junta, quien ha recalcado la “voluntad política” del Gobierno de Castilla y León de proteger a las personas.