Titular un artículo periodístico que entrelace el fenómeno de la delincuencia juvenil organizada en bandas con la comunidad de migrantes “latinos” que residen en España carece de ética y es profundamente estigmatizante. Amén del uso del término “latino”, que no es invención española sino principalmente francesa. Nuestros vecinos galos acuñaron a mediados del siglo XIX la idea de “América Latina” para resaltar la influencia de Francia en los territorios iberoamericanos de herencia hispana y lusa. Pero no lograron imponer en América ni el “Croque Monsieur”, ni la “Blanquette de veau”.
Nicanor Sen, “poncio” del gobierno de Pedro Sánchez en Castilla y León -para que podamos dormir tranquilos sin necesidad de tener que tomar una taza de “tila alpina”-ha afirmado recientemente que no existen en esta comunidad autónoma “bandas latinas” propiamente estructuradas, sino jóvenes que imitan su estética o simbología. Si tenemos en cuenta que quienes gobiernan en el Estado a todo quieren quitar hierro y adormecer conciencias críticas, el testimonio del delegado del Gobierno se queda en “parole, parole, parole”.
En contra de la “paz de Sánchez” que proclama don Nicanor, en procedimientos judiciales recientes en los que han prestado su testimonio varios agentes de la Policía Nacional han declarado que desde 2022 se observa en Castilla y León una progresión de grupos juveniles organizados vinculados a “Dominican Don't Play” y “Trinitarios”, especialmente en la ciudad de Valladolid. En la ciudad del Pisuerga ha brillado el filo de las “facas” semanas atrás con el homicidio de un joven en plena calle y una reyerta a machetazo limpio con apuñalamientos en el parque de los jardines de Las Moreras.
Partamos de una primera premisa antes de proseguir cualquier relato. La identidad étnica o de país de origen geográfico de los agresores vinculados a las “bandas latinas” no puede convertirse en una sospecha colectiva. El asunto requiere una firmeza analítica y precisión en el uso del lenguaje, algo de gran valor en un tema tan sensible. España no tiene un problema generalista de inmigración iberoamericana, sino específico con determinadas bandas juveniles surgidas en entornos urbanos concretos de la América hispana y lusa. En nuestro país esas bandas han incorporado a migrantes ya de segunda generación o nacidos en España, poseedores de nacionalidad española. Por tanto, no caben razonamientos que apuntalen la xenofobia.
En Castilla y León la problemática no está todavía grandemente extendida, sino que parece circunscribirse por ahora a Valladolid, aun cuando han sucedido episodios de este cariz en Burgos y Aranda de Duero. El alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero, ha manifestado su preocupación por los sucesos.
Ante el fenómeno de delincuencia de las bandas juveniles se debe reconocer el problema sin eufemismos, no sirve el “Orfidal” que nos quiere recetar Nicanor Sen. La realidad tampoco es únicamente un problema de seguridad ciudadana. Por tanto, el delegado del Gobierno de España hubiera manejado mejor la comunicación pública de los episodios si hubiera manifestado que es una realidad que afecta a vecinos, educadores, fuerzas de seguridad y administraciones públicas. La Junta de Castilla y León no puede mirar tampoco para otro lado, pues es poseedora de las competencias de la enseñanza.
En contra del discurso xenófobo extendido en una parte de la ciudadanía española, cabe afirmar que un principio básico del Estado de Derecho es la responsabilidad individual. Quiere decir, que procede separar radicalmente el fenómeno de la delincuencia de la comunidad iberoamericana residente en España. Las acciones delictivas no son ni de lejos atribuibles a los millones de personas asentadas en nuestro país con origen iberoamericano. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los migrantes de la América hispana y lusa viven en España, trabajan, respetan la legalidad y las normas comunes.
El problema de las bandas de delincuencia juvenil no es solo de seguridad ciudadana. El atractivo que ejercen para algunos jóvenes es la búsqueda de identidad – que en la adolescencia es una característica común de las personas y en nada ligada a país de nascencia– el reconocimiento, sentimiento de pertenencia o protección. Caldos de cultivo para la captación de adolescentes vulnerables.
La Junta de Castilla y León también debe asumir que la problemática no es solo de seguridad ciudadana – y sea erradicada por el delegado del Gobierno– sino que los entornos familiares frágiles, el fracaso escolar, la exclusión social o la falta de expectativas laborales pueden aumentar el riesgo de integración de adolescentes en bandas juveniles organizadas. Estos grupos ofrecen un relato de prestigio, lealtad y poder de gran atractivo para jóvenes desesperanzados.
La prevención para evitar el progreso de estas agrupaciones violentas requiere intervención educativa, social y comunitaria. No cabe dejarse arrastrar solo por los relatos de episodios dolorosos, lamentables, pero concretos como los recientemente acontecidos en Valladolid. No procede el alarmismo, pero tampoco el negacionismo al que se acogió Nicanor Sen. La verdadera prueba para la sociedad española – enferma de xenofobia en alguna de sus capas– es asentar que las democracias combaten la delincuencia con el “imperio de la ley” sin estigmatizar a personas o colectivos inocentes, como es el caso de la comunidad iberoamericana. El análisis sereno nos ahorrará etiquetas innecesarias. Pensemos con la cabeza y no hablemos desde las “tripas”.