Para el lector no versado en el tema, comenzaré por recordar que, según el diccionario de la RAE, “remanente es la parte que queda o sobra de algo”. En el caso de los remanentes municipales conviene decir que el dinero nunca sobra, pero que efectivamente a veces queda dinero en la caja por no haber ejecutado el presupuesto.

Lo habitual es que la parte del presupuesto que integra el gasto corriente, (sueldos, dietas, facturas de la luz, el agua, gas, etc.) se ejecuten sin dificultad y a veces en demasía, y es en la parte dedicada a la inversión donde los gobernantes deben demostrar su capacidad de gestión, que será tanto mejor cuanto más elevada sea su ejecución.

La financiación municipal que desde siempre ha sido escasa, motivó que algunos alcaldes populistas que decidieron ejercer competencias que no eran municipales pero que alimentaban el “voto cautivo”, para así asegurase su permanencia en el cargo en futuras elecciones, gastaron lo que no tenían, aunque ello supusiera endeudar a su Ayuntamiento hasta cifras inasumibles, algo, por cierto, que los Interventores municipales no pueden tolerar.

Con el gobierno de Zapatero la Unión Europea nos obligó a modificar hasta la propia Constitución Española imponiendo un techo de gasto a las administraciones, dada la cuantía de la deuda y el déficit español, incompatibles con nuestra permanencia en el euro.

La llegada de Rajoy al Gobierno destapó una deuda del orden de 90.000 millones oculta en los despachos de las distintas administraciones y un déficit oculto muy superior al declarado, lo que obligó al ministro Montoro a tomar una serie de medidas en sentido contrario a lo prometido en la campaña electoral.

Y, sin duda, los grandes perjudicados fueron, como siempre los ayuntamientos, a los que, además de prohibir endeudarse, lo cual en sí no es malo si se aplica a TODAS las administraciones, se les limitaba la capacidad de gasto, por mucho que crecieran sus ingresos aunque no tuvieran una deuda preocupante, naciendo así el “techo de gasto”, y decidiendo el Estado, de forma unilateral  en qué se podía gastar y en qué no. Personalmente me costó una broca sonora con Montoro, de la que tengo testigos.

Fruto de estas decisiones los ayuntamientos acumularon unos ahorros del orden de 15.000 millones de euros, frutos en unos casos de la buena gestión municipal, y en otros, como en el de Valladolid en estos últimos años, de la incapacidad de ejecutar las inversiones previstas en el presupuesto, por el Gobierno municipal tripartito.

Así las cosas, y ante la gravísima crisis económica que estamos viviendo, la ministra de hacienda decidió incautar los ahorros municipales para financiar proyectos estatales, ejerciendo un chantaje indecente: “me quedo con vuestros ahorros, que os devolveré a lo largo de 15 años, y a cambio os daré unos millones de los fondos que envía Europa para la reconstrucción nacional, eso sí, tan sólo a los que me presten sus ahorros”.

Esto, que motivó en su día un enfrentamiento entre el alcalde de Valladolid que defendía la autonomía municipal y la ministra de Hacienda que le descalificó de manera insultante, lo que dio origen a una lamentable moción del grupo municipal popular en apoyo del alcalde y no contra la incautación de los ahorros municipales. Lo mismo le ocurrió al alcalde socialista de Vigo que inicialmente defendió la autonomía municipal y después, como presidente de la FEMP hizo uso de su voto de calidad, algo inédito en esta asociación, para que los ayuntamientos aprobaran la propuesta ministerial, a lo que se oponía frontalmente semanas antes.

Afortunadamente no todos los alcaldes, algunos socialistas incluidos, se plegaron a esta confiscación creando una plataforma de alcaldes liderada por el alcalde de Zaragoza, (que heredó un inmenso agujero de su predecesor podemita), en la que se integraron alcaldes de 14 partidos políticos.

Por fin ayer, en el Parlamento, se comprobó la soledad del Gobierno, que a duras penas consiguió el respaldo de Unidas Podemos, que en la FEMP había votado en contra. El resto de la Cámara se opuso a convalidar el Decreto Ley, infligiendo una dura derrota a la ministra, aunque, a pesar de todo, la “farruquita” no renuncia a su voluntad confiscatoria y volvió a amenazar a los alcaldes asegurando que no había plan B. Vamos, como en el viejo refrán, “esto son lentejas...”