La Junta de Castilla y León ha propuesto la convocatoria de casi 3.000 plazas para opositores en la oferta de empleo público de 2023. Una proposición que incluye 2.970 plazas, de las cuales 2.676 son plazas de nuevo ingreso y turno libre, lo que supone un aumento de más de un 9% con respecto a las plazas de este tipo convocadas en 2022; y 294, plazas reservadas para el turno de promoción interna en la Administración General.

Según ha dado a conocer la Administración regional, entre las 2.676 plazas de nuevo ingreso, 1.079 corresponden a la Administración General, de las cuales 582 son de personal funcionario y 497 de personal laboral. 

Además, también está contemplada la convocatoria de 870 plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias (SACyL) y 727 plazas de docentes. 301 de ellas corresponden al cuerpo de Maestros y 426 al resto de cuerpos. 

Cabe destacar que la Junta pretende reservar en los procesos selectivos el 10 % del total de las plazas autorizadas al acceso de personas con discapacidad. Asimismo, las plazas de las ofertas de empleo público del 2021 y 2022 que no se convocaron, podrán acumularse en la convocatoria de las plazas de la presente oferta para el acceso al mismo cuerpo, escala y, en su caso, especialidad o categoría profesional.

Dentro de esta relación se incluyen 108 plazas de funcionarios sanitarios, mientras que en la Gerencia de Servicios Sociales se incluyen 12 plazas de enfermeros, 47 de técnicos de atención directa al menor y 35 de técnicos de apoyo al menor.

También quedan recogidas un gran número de plazas relacionadas con la protección del medio ambiente, concretamente, 50 de ingenieros técnicos forestales, 40 de agentes medioambientales, 30 de celadores de medioambiente, 29 de operadores de centro de mando, 50 de vigilantes de incendios y 40 de peones de montes y extinción.

Según ha explicado la Junta, por su parte, la Consejería de la Presidencia ha convocado una reunión del Consejo de la Fundación Pública para que emita el informe correspondiente sobre la oferta de empleo público de este año, que posteriormente tendrá que ser aprobada en Consejo de Gobierno por la Junta de Castilla y León. 

Para el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, esta oferta de empleo público supone "una oportunidad para impulsar el rejuvenecimiento de la plantilla de la Administración autonómica, perfectamente compatible con los procesos de estabilización del personal interino que se están desarrollando actualmente", dado que las plantillas de empleados públicos de muchas administraciones están experimentando un considerable proceso de envejecimiento. 

El consejero ya anticipó en el mes de septiembre la futura aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos que tiene como principal objetivo preparar a la Administración para afrontar el reto del relevo generacional. 

En dicha fecha este también expresó su compromiso de promover un convenio con las universidades públicas con el fin de promocionar el acceso al empleo público y, con ello, poder reducir la media de edad de la plantilla de estos empleados, que actualmente es superior a los 52 años.