Joaquín Antonio Pino participa en la inauguración del I Simposio Internacional de la Patata.

Joaquín Antonio Pino participa en la inauguración del I Simposio Internacional de la Patata. JCyL

El campo

La Junta anuncia la creación de una marca de calidad para la patata de Castilla y León

El objetivo es identificar su origen, diferenciarla en el mercado y mejorar su posición comercial.

Más información: Castilla y León, que produce la mitad de la patata en España, controlará que los agricultores cobren precios justos

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El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado este lunes, 5 de octubre, que la Junta está trabajando para crear una marca de calidad para la patata de Castilla y León.

Lo ha anunciado durante la inauguración en Madrid del I Simposio Internacional de la Patata, donde ha trasladado que esta marca de garantía permitirá identificar su origen, diferenciarla en el mercado y mejorar su posición comercial.

La iniciativa, desarrollada junto al sector, pretende convertir el liderazgo productivo de la Comunidad en mayor reconocimiento para el producto y, especialmente, en más valor para el agricultor.

Todo ello se completará con actuaciones de promoción a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y con la colaboración de la Organización Interprofesional de la Patata de Castilla y León.

Pino ha hecho un llamamiento a productores, industria, comercializadores, almacenistas y envasadores y distribución para participar en esta estrategia común para fortalecer toda la cadena y conseguir que el valor añadido permanezca en el territorio.

De la misma manera, el consejero también ha reclamado la puesta en marcha de una interprofesional de la patata de ámbito nacional porque la considera "una herramienta muy buena y potente donde se aglutinan todos los eslabones de la cadena".

Cuestión estratégica para España y Europa

El consejero ha defendido en su intervención que la capacidad para producir alimentos ha de ser una "cuestión estratégica" para España y Europa y ha advertido del contexto actual que vive el sector de la patata.

En esta línea ha avisado de una merma de la capacidad productiva propiciada por la reducción de la superficie cultivada, el incremento de los costes, la presión de las importaciones y la falta de alternativas eficaces frente a determinadas plagas y enfermedades.

Por ello, ha abogado por adoptar medidas orientadas a la rentabilidad. Mientras que España produjo aproximadamente 1,94 millones de toneladas en 2025, las importaciones superaron los 1,27 millones de toneladas, especialmente desde Francia.

Un dato que, para Pino, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la producción nacional, planificar mejor las campañas y generar un mayor valor añadido dentro de la propia cadena.

Una radiografía del sector en la que, además, Castilla y León ocupa una posición de liderazgo en este cultivo, ya que produce alrededor de 900.000 toneladas en los últimos años y cerca de la mitad del total nacional.

Pero ha reconocido que la campaña de este año está siendo "compleja", con una reducción de la superficie cultivada que supera las 16.600 hectáreas, un 14% menos que el año pasado, con Salamanca y Valladolid entre las principales provincias productoras.

A esta reducción de superficie se han sumado unas condiciones meteorológicas adversas, con episodios de altas temperaturas que han condicionado el desarrollo del cultivo, han concentrado las fechas de recolección y han favorecido el solapamiento de producciones de distintas zonas con la entrada de producto procedente de otros países.

Rentabilidad

Pino ha situado la rentabilidad del agricultor como la prioridad que debe ordenar el conjunto de las políticas dirigidas al sector.

El productor asume antes de iniciar cada campaña el coste de la patata de siembra, el agua, la energía, los fertilizantes, los productos fitosanitarios, la maquinaria, la mano de obra y la financiación, además del riesgo climático y comercial.

"Podemos hablar de innovación, sostenibilidad y modernización, pero hay una condición imprescindible para que todo lo demás sea posible: el agricultor tiene que poder vivir dignamente de su trabajo", ha afirmado.

En este contexto, ha destacado las acciones de la Junta. Entre ellas la elaboración, junto con la Universidad de Valladolid, de un estudio de costes de producción de la patata en Castilla y León, concebido como una herramienta de transparencia y apoyo al conjunto de la cadena.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental pretende reforzar así la vigilancia del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, con controles sobre las relaciones contractuales y las operaciones comerciales del sector.

El objetivo es que el coste efectivo de producción sea tenido en cuenta y que el valor generado se reparta de forma equilibrada entre agricultores, industria, almacenistas y envasadores y distribución.

"Todos los eslabones tienen que generar valor, pero no podemos olvidar una cuestión elemental: si no hay agricultor, no hay cadena", ha señalado.

Mismas reglas para competir

Pino ha defendido también una economía abierta y competitiva, pero ha reclamado que los acuerdos comerciales garanticen reciprocidad y cláusulas espejo reales y verificables.

"Los productos que acceden al mercado europeo deben cumplir exigencias equivalentes a las que se imponen a los agricultores españoles en materia sanitaria, fitosanitaria, laboral, ambiental y de trazabilidad. No pedimos privilegios; pedimos igualdad de reglas", ha resumido.

En este sentido, ha reclamado reforzar los controles, la trazabilidad y la identificación del origen de la patata, tanto en el producto envasado como en la venta a granel.

Plagas

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha destacado también la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

La modernización y digitalización del regadío, la aplicación precisa del agua y de los fertilizantes, y la incorporación de tecnología deben servir para producir mejor, reducir costes y aumentar la competitividad, sin convertir la eficiencia en una excusa para limitar la capacidad productiva.

En materia de sanidad vegetal, ha reclamado decisiones basadas en criterios científicos y que los agricultores dispongan de materias activas y soluciones eficaces para combatir plagas y enfermedades.

La retirada de productos sin alternativas viables, ha advertido, no elimina el problema, sino que lo traslada directamente a las explotaciones, incrementando el riesgo productivo y los costes. La innovación, la mejora genética, los ensayos varietales, la gestión integrada de plagas y la transferencia tecnológica que impulsa el ITACyL deben traducirse en respuestas aplicables en las parcelas.