A pocos meses de que finalice el año, los datos de empresas que se han visto obligadas a entrar en concurso han aumentado casi un 21% en Castilla y León de enero a octubre de 2023. 

Datos que van de la mano de una bajada en el consumo por la pérdida de poder adquisitivo, derivado a su vez de una espiral inflacionista y una subida de los tipos de interés que ha golpeado con fuerza el tejido empresarial en la Comunidad.

Los sectores más afectados son los de construcción, inmobiliaria y comercio, asfixiado por la subida de costes salariales y una caída del consumo por parte del contribuyente.

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Así, y según datos de la consultora Informa B&D, en Castilla y León se han producido 158 procedimientos concursales de enero a octubre de este año y 1.016 disoluciones de empresas, si bien respecto a este último dato se aprecia una disminución del 12% con respecto al mismo período del año anterior mientras que la media nacional caía sólo en un 5%.

En España, el total de concursos ascendió a 5.863 y las disoluciones fueron 23.273. 

En este sentido, cobra especial importancia el hecho de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal en octubre de 2022. Una normativa con la cual se ha alcanzado en el décimo mes del año la cifra más alta de concursos y de procedimientos especiales para micropymes.

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Además, los datos indican que en la Comunidad se han registrado diez planes de reestructuración y 18 procedimientos especiales para empresas que tenían menos de diez trabajadores y cuya facturación no superaba los dos millones de euros.

Valladolid ha sido la provincia donde más concursos de acreedores y disoluciones se han registrado en estos diez primeros meses del año, con 46 y 302 respectivamente. Además, la provincia suma cinco planes de reestructuración.

Por su parte, León es la que registra un mayor número de procedimientos especiales hasta los seis de enero a octubre.