La implementación de reformas en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal, ha generado una reducción considerable del 30% en la recaudación de este tributo en Castilla y León.

Estas modificaciones fueron impulsadas como respuesta a la sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional y otras sentencias posteriores, lo que provocó ajustes en la recaudación de este impuesto, particularmente en los ayuntamientos de la comunidad.

Según el informe recientemente publicado por el Consejo de Cuentas, estas reformas han tenido un impacto significativo en la recaudación de la plusvalía municipal. Durante el período de 2017 a 2020, la liquidación de este impuesto por la revalorización de los inmuebles disminuyó de 70,2 millones de euros a 49,7 millones, marcando una disminución del 30%. Aunque en 2021 hubo un ligero aumento, alcanzando los 53,2 millones de euros, el efecto global de las reformas se ha hecho sentir.

La sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional marcó un punto de inflexión al declarar nulos algunos artículos relacionados con la base imponible y la gestión del impuesto, especialmente cuando no existía un incremento de valor. A esto le siguieron otras sentencias que generaron interpretaciones dispares en los tribunales de justicia. Esto llevó a que los ayuntamientos adoptaran diferentes enfoques en cuanto a la liquidación del impuesto, a la espera de una regulación más precisa por parte de l legislación estatal.

En Castilla y León, alrededor del 10% de los ayuntamientos liquidan este impuesto, siendo más común en municipios con una población superior a 5.000 habitantes y llegando al 100% en aquellos con más de 20.000 habitantes. La reducción en los ingresos por este impuesto ha sido notoria, pasando del 9,2% al 7,1% del total de los impuestos locales, donde el Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene un peso preponderante.

La Cuenta General rendida por los consistorios a finales de 2022 muestra que la liquidación de la plusvalía para el ejercicio 2021 alcanzó los 53,2 millones de euros, con las provincias de Valladolid, Salamanca y Burgos liderando en ingresos, con 12,3, 10,9 y 9 millones de euros respectivamente.

El informe del Consejo de Cuentas también destaca que, a pesar de las sentencias y las diferentes interpretaciones, la mayoría de los ayuntamientos auditados no suspendieron expresamente la aplicación de la ordenanza reguladora del impuesto de plusvalía. Solo dos municipios suprimieron el tributo y derogaron la ordenanza fiscal reguladora, mientras que otros 18 modificaron la ordenanza vigente.

El informe concluye con siete recomendaciones, entre las que se destaca la necesidad de adaptar las ordenanzas fiscales a la Ley General Tributaria y establecer procedimientos claros ante supuestos que afecten la gestión de los tributos regulados.