La deuda pública de Castilla y León ha alcanzado los 13.272 millones de euros en el primer trimestre del año. Esto supone un incremento del 2,5% en comparación al mismo periodo de 2022, con la suma de 327 millones de euros. El total de la deuda de todas las autonomías es de 322.211 millones de euros. En este caso, supone un crecimiento del 4% en la comparación interanual y 12.468 millones de euros más, en cifras absolutas, según los datos del Banco de España.

Así, la deuda contraída en estos tres primeros meses del curso representa el 20,3% del PIB autonómico, un porcentaje inferior a la media para el conjunto de las autonomías, que se sitúa en el 23,7%, es decir, 3,4 puntos más. El peso de la deuda sobre PIB se ha reducido desde el 21,7 por ciento del mismo periodo de 2022. Según la propia junta, “la comparativa interanual revela que Castilla y León disminuyó en los últimos 12 meses el peso de su nivel de endeudamiento en 1,4 puntos porcentuales de PIB y en medio punto porcentual con respecto al cierre de 2022”.

Castilla y León ocupa el octavo puesto de las autonomías junto a Andalucía, con menos deuda en relación al PIB. Mientras que Valencia es la comunidad con un mayor endeudamiento con 55.439 millones de euros. Peor que CyL se encuentran Cataluña, Castilla La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Cantabria y Aragón.

Prestamistas

El análisis revela que al acabar el primer trimestre de 2023, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 26,3 %, con 3.483,4 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera, con 1.965,8 millones de euros, –en concreto, el 14,8 %- correspondiente a préstamos concertados en 2015 y 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.331,2 millones de euros, un 10 % de la deuda de la Comunidad. Por otro lado, el 96,3 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,7 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.