Los Presupuestos Generales del Estado 2023 no han dejado indiferentes a nadie. Un ‘maná’ del presidente Pedro Sánchez en año electoral donde los grandes beneficiados serán los pensionistas y los funcionarios en detrimento de los trabajadores de la empresa privada y de la clase media. Unas cuentas del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos donde se refleja el aumento del salario de los funcionarios y la actualización de las pensiones con el IPC, que en estos momentos se encuentra disparado. La pregunta es ¿cómo afectará a los bolsillos de los castellanos y leoneses?

Según los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con los sindicatos, excepto CSIF, los empleados públicos verán crecer su retribución el próximo año un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Una ‘paga extra’ para paliar la subida de la inflación de uno 520 euros de media. Este cálculo se hace tomando como referencia el salario medio de un empleado público, que según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA) se sitúa en los 2.884 euros -distribuidos en 12 pagas-. Es decir que un funcionario de Castilla y León que está ganando unos 34.600 euros brutos anuales, conllevaría un incremento salarial de 520 euros. Sin embargo, para empleados públicos de la escala superior, la cifra podría llegar hasta los 900 euros al año.

Hay que recordar que los funcionarios públicos cuentan con unas retribuciones básicas, que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada año, y que a su vez se clasifican en tres grandes grupos: Grupo A -Subgrupo A1 y A2-, Grupo B y Grupo C-Subgrupo C1 y C2-. Por último, también se incluye el Grupo E (Agrupación Profesional).

De esta manera, las arcas de Castilla y León se verán afectadas por esta subida. La Junta tendrá que subir el sueldo a sus casi 91.000 empleados públicos más los de la concertada y universidades-, a lo que habrá que sumar las cantidades de la aplicación de la carrera profesional y fondos adicionales, pactados en el marco de la Función Pública. ¿Qué supondrá esto? Pues como depende del IPC todavía no hay datos fijos, pero tomando referencias de otros años el gasto en sueldos era de unos 4.400 millones de euros. Ahora, con la aplicación del IPC podría provocar 44 millones de euros por cada punto más de inflación, es decir que se podría ir a casi 300 millones de euros en 2023, según el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Una horquilla muy amplia que está provocando a la Junta un quebradero de cabeza a la hora de sacar sus presupuestos para el próximo año.

Lo que todavía no se sabe es cuándo recibirán los funcionarios el ingreso por esa subida. Hay detalles del acuerdo de sindicatos y Gobierno que todavía se desconocen, por lo que no se sabe si llegará en forma de paga extra antes de fin de año o si habrá margen para incluirlo en los presupuestos de 2023 y abonarlo ya con el ejercicio en marcha.

108 euros de más para los pensionistas

Los pensionistas de Castilla y León están de enhorabuena, después de mucho tiempo de protestas en la calle, verán cómo su pensión sube de acuerdo a la carestía de la vida. Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que la pensión en septiembre de 2022 se fija en los 1.088,19 euros. En el caso de la pensión de jubilación, la media se sitúa en 1.248,52 euros. En concreto, si se aprueba la propuesta de presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, los castellanos y leoneses tendrán una medida de aumento de 92 euros.

Así, la pensión media en Castilla y León pasará de 1.088 a 1.180 euros al mes, por encima del Salario Mínimo Interprofesional (14.000 euros al año), tras el incremento del 8,5% que se aplicar el próximo año. El aumento beneficiará a 615.913 personas, la mayoría de ellas jubilados (395.907) según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La decisión del Gobierno, que se incluye en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, beneficiará, también, a los 36.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que hay en la Comunidad.

De esta manera, la pensión máxima está limitada 2.819,19 euros mensuales en 14 pagas, es decir de las de 39.468,66 euros anuales, con esta subida superaría el año que viene los 3.000 euros tras aumentar en 239,63 euros. Analizando cada una, el número de pensiones en la Comunidad es de 615.913. Del total, el 64,3% (395.907) corresponde a jubilación, con una pensión media que asciende a 1.248,52 euros que subiría en 106 euros al mes. Por incapacidad permanente son 45.995 pensiones con las que cuenta Castilla y León, con una media de 1.033,45 euros y que ahora pasarían a cobrar 87 euros más al mes. Por viudedad existen 150.872 pensiones (773,88 euros de media que subirían al mes 65 euros). En este caso, al ser pensiones el que paga es el Estado y no la Comunidad Autónoma.

Por último, las pensiones mínimas y no contributivas se quedan por ahora fuera del cálculo al no conocerse aún su revalorización, aunque se puede hacer una estimación si se toma la referencia del porcentaje de revalorización de las pensiones contributivas.