La Junta de Castilla y León ha cuestionado hoy el reparto de los límites de déficit público para 2023 que acordó este martes el Consejo de Ministros porque entiende que el Gobierno central se queda con un margen 12 veces mayor que el previsto para las comunidades, que se situará en el 0,3 por ciento, a pesar de que cuentan con las competencias en servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la dependencia o la lucha contra incendios forestales.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este miércoles en Madrid a la entrada de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debatirá los límites de déficit público previstos para las comunidades autónomas y las entidades locales el próximo ejercicio. En ese sentido, el consejero de Economía y Hacienda denunció que el Gobierno se queda con un límite 12 veces superior al previsto para las comunidades, lo que permitirá al Ejecutivo central de Pedro Sánchez no tener que hacer ajustes sobre su gasto. Sin embargo, Fernández Carriedo remarcó que las autonomías son las que gestionan competencias “esenciales” para los ciudadanos.

Igualmente, el consejero de Castilla y León reivindicó en declaraciones a Ical que se trate en esta reunión “multilateral” del Gobierno y las comunidades la reforma del sistema de financiación autonómica. Carlos Fernández Carriedo recordó que el Ministerio de Hacienda y Función Pública remitió en enero y que tuvo respuesta desde de la Junta. 

Mesa de diálogo

De esta forma, el titular de Economía y Hacienda pidió al Gobierno que no aborde la reforma de la financiación con Cataluña, en la reunión bilateral prevista por el Ejecutivo con esta comunidad, dentro de la mesa de diálogo.   El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2022, que aumenta el 1,1 por ciento hasta un total de 198.221 millones de euros, 2.079 millones más que en 2022, lo que sitúa a esta variable en el tercer récord consecutivo de los últimos años.

Así del déficit del 3,9 por ciento del PIB previsto para 2023, 3,2 puntos serán para la administración central, que recorta dos décimas su margen respecto al Programa de Estabilidad, para aumentar del 0,1 por ciento al 0,3 por ciento la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas.