El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy el decreto por el que la Junta modifica la prórroga presupuestaria para 2022 para contar con la financiación adecuada que le permita afrontar la crisis humanitaria derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De esta forma, trata de dar cobertura a los gastos y costes por la ayuda humanitaria, la acogida de personas y el impacto económico y social que pudieran tener el conflicto en la Comunidad, según informa ICAL.

Esta decisión se tomó en el Consejo de Gobierno del pasado jueves, en el que el consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el coste del protocolo que comparten con diez comunidades autónomas para la acción humanitaria alcanza los 400.000 euros, pero recalcó que se trata de una "cantidad inicial", que tendrá que hacer frente a un aumento en el futuro ante la situación en el país ucraniano por los ataques de Rusia.

Recordó que todavía es pronto para calcular la cifra que pudiera suponer la modificación presupuestaria, pero recalcó que la decisión de la Junta es modificar la prórroga para que pudieran atender los aumentos de créditos necesarios para la acción humanitaria, la prestación de servicios públicos a los refugiados que pudieran llegar y para paliar el impacto del conflicto en sectores productivos e, incluso, de familias.

La prórroga presupuestaria ya tenía previsto el mecanismo para operar la generación de crédito y la modificación en relación a la gestión, ejecución y certificación de los fondos europeos de nueva generación.

Cambio en el decreto

La modificación del decreto 36/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 en el ejercicio de 2022, incluye la atención de las necesidades de los ciudadanos ucranianos que se encuentren desplazados temporalmente en la Comunidad.

De igual modo, la modificación del citado decreto permitirá afrontar las retribuciones del personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad, esto es, los gastos de personal sobrevenidos en 2022 por el incremento de retribuciones y otras circunstancias no previstas en el presupuesto prorrogado de 2021.