El Pleno del Consejo de Cuentas dio luz verde ayer a un nuevo trabajo mediante el que se comprobará cómo han afectado en los ingresos de los ayuntamientos de Castilla y León las reformas normativas relacionadas con el impuesto de plusvalía municipal. Un tributo que supone la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos tras el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La fiscalización evaluará el impacto causado por las distintitas sentencias recaídas desde el ejercicio 2017 sobre la gestión y liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Las actuaciones fiscalizadoras se referirán fundamentalmente a los ejercicios 2017 a 2021, extendiéndose al momento del año 2022 en el que los ayuntamientos hayan modificado sus ordenanzas fiscales.

Con este trabajo se persigue analizar, por una parte, la evolución en la liquidación y recaudación del impuesto desde 2007 hasta 2021, comprobando el impacto de la crisis económica (financiera e inmobiliaria) iniciada en 2008. Por otro lado, constatar la incidencia que en la gestión del impuesto han tenido las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, a partir del ejercicio 2017.

Además, se verificará si se ha producido la adaptación de las ordenanzas fiscales reguladoras del IIVTNU, según lo dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de este impuesto, y se comprobarán algunos aspectos de dicha adaptación, conforme a la citada norma.

A tal efecto, el Consejo de Cuentas establece los siguientes objetivos específicos:

1) Comprobar y analizar desde una perspectiva económica la evolución en la liquidación y recaudación del IIVTNU desde el año 2007 hasta el año 2021.

 2) Analizar las actuaciones llevadas a cabo y el impacto que, en la gestión y liquidación del impuesto, tuvieron las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en el periodo 2017-2021, hasta la adaptación del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, a través del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre.

3) Verificar la adaptación de las ordenanzas reguladoras del impuesto al Real Decreto-ley 26/2021 y comprobar algunos aspectos fundamentales de dicha adaptación.

El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ha venido teniendo una gran importancia en la financiación local, especialmente en los municipios de mayor tamaño, en los que ha venido siendo el segundo impuesto en volumen de recaudación, tras el impuesto sobre bienes inmuebles, informan en un comunicado.