El juicio por la supuesta violación cometida en Gran Hermano Revolution ha sido suspendido temporalmente por la ausencia de Carlota Prado. La víctima, cuyo testimonio es "preciso", estaba llamada a declarar este martes 8 de febrero, pero finalmente no se ha presentado debido a los "problemas psiquiátricos de gravedad" que sufre.

La jueza ha aceptado la petición del abogado de la demandante, que ha solicitado la suspensión del juicio y la realización de un informe forense sobre la salud mental de la exconcursante del reality para corroborar si está o no en condiciones de declarar.

El letrado ha revelado además que la joven tuvo un ingreso involuntario en un centro psiquiátrico el pasado mes de diciembre. "La víctima no está en condiciones de declarar y tiene que ser examinada por un médico forense para ver si está en condiciones", ha expuesto. 

José María López en el juzgado nº8 de lo Penal.

A su salida de los juzgados, Santiago Marín Serrano, ha explicado que había estado hablando con la joven en las últimas horas y que decía "incoherencias", y que el estado de salud mental de su representada "ha empeorado gravemente desde 2017" a raíz de todo lo sucedido.

"Tenía antecedentes de algún problema psicológico. Yo no lo sé, pero imagino que el programa lo debía saber porque en el proceso de selección hay un equipo de psicólogos y también está en el interrogatorio (...) Ahora ha empeorado su salud mental. Eso está ahí, las visitas a psiquiatras, el tratamiento que ha tenido, y está en el estado que está", ha añadido. 

Además, el abogado ha lamentado que el juzgado de lo penal "no se haya pronunciado sobre la nulidad solicitada". "Se va a enjuiciar un abuso sexual y entendemos que, como mínimo, hay indicios serios en las imágenes grabadas y declaraciones que hay penetración".

Por todo ello, María Serrano cree que el Juzgado debió dictar auto de procesamiento, no de transformación en procedimiento abreviado. "No se recurrió. Este error lleva a enjuiciar los hechos como un abuso simple". De ser así, José María López se enfrentaría a una condena de cuatro a diez años.

En el auto de la apertura de juicio oral que dictó la magistrada del juzgado de instrucción nº2 de Colmenar Viejo se exponía que "se volvieron a ocasionar desplazamientos por parte de José María que impulsaban a la víctima hacia arriba y abajo, sin que motu propio esta reaccionara a tal estímulo; el cual pudiera consistir, de acuerdo con la posición de José María y su respiración más agitada, en penetraciones de su pene por la cavidad anal o vaginal" de la víctima.

Por su parte, el abogado del acusado José María López ha rechazado esta suspensión alegando la actividad de Prado en redes sociales hasta hace tres días. La joven había publicado hace nueve horas una story en Instagram en la que afirmaba que llegaba a Madrid a las 09:10 horas y en la que pedía que le encantaría que se personase en el juicio "el mismísimo Santiago Abascal".  

Asimismo, hace cuatro días Prado subía una fotografía a su cuenta junto a un amigo y en la que podía apreciarse unas vendas en sendas muñecas. "El gilipollas de Coto (Matamoros) dice que la amistad entre Hombres y Mujeres no existe. Yo he encontrado un Tesoro en Pizarra", escribía.

Este aplazamiento alarga entre dos y tres meses más la espera de cuatro años para que se juzgue la presunta violación en el reality de Telecinco, por la cual la Fiscalía Provincial de Madrid pide dos años y medio de prisión para José María López por un delito de abusos sexuales.

El ministerio público reclama, además, 6.000 euros de indemnización por los daños morales causados a la víctima, idéntica cantidad que a la productora del programa por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas.

En este sentido, el abogado de Prado cree que "esa cantidad es ínfima. Pensamos que el perjuicio que viene sufriendo esta chica no se puede cuantificar en dinero. ¿Cómo vas a cuantificar esto en dinero? Pero, aún así, consideramos que había que revisar esa cantidad". 

Por último, la productora del programa, Zeppelin TV, defiende que "con total independencia de la causa penal por abuso sexual, se ha producido una anomalía procesal por la que se ha mezclado en este mismo proceso una petición de responsabilidad civil (multa) a Zeppelin por daños morales. Existe un representante legal de la productora en el juicio dando respuesta a esta petición, aunque cualquier reclamación económica que no se deriva bajo ningún concepto de un hecho delictivo debe ser reclamada por la vía civil".