Estos días estamos viendo cómo los acontecimientos políticos discurren a velocidad de vértigo, casi sin control y con dificultad para entender las diferentes interpretaciones interesadas cuando, para cualquier ciudadano normal, todo está meridianamente claro.
Digo esto porque lo lógico sería aplicar a la situación actual los mismos criterios que ya se emplearon en situaciones anteriores, dado que lo que ahora estamos viviendo es una réplica de acontecimientos ya vividos y que sirven, o deben servir, de antecedentes. Me estoy refiriendo a la trama urdida en torno a la compra de mascarillas durante la reciente pandemia.
En dicha trama, parece claro que hay un protagonista, un personaje que, por su papel, su desparpajo y su caradura, ha concitado en torno a su figura toda la atención, al menos la atención más mediática, la más superficial y la que más conviene a los que se cobijan entre bambalinas. Este protagonista de conveniencia no es otro que el ya famoso Koldo García, "el último aizkolari socialista, un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha", si nos atenemos a las sentidas alabanzas de Pedro Sánchez.
Según todos los indicios, la trama a que me refiero pone de manifiesto un tremendo caso de corrupción, ese mismo tipo penal que le dio a Sánchez la Presidencia del Gobierno. Pero, por mucho que intenten, reducir el caso a una diablura de Koldo, no cuela.
Tanto es así que Sánchez pone en marcha a su aparato y lanza al fuego a su amigo y colaborador Ábalos. Este hombre no está imputado ni su nombre consta en ningún sumario, pero, desde su propio partido, le achacan la responsabilidad política del asunto. En vista de ese criterio, que yo no voy a cuestionar, sería coherente hacer lo propio con Armengol, Torres, Marlaska, Illa…
Sin embargo, no ha sido así, antes al contrario. Sánchez ha mandado un folleto, con las consignas de obligado cumplimiento, a los ministros y voceros adjuntos al régimen para salvar a los que, por decreto presidencial, carecen de responsabilidad política y de ninguna otra índole, al contrario del cabeza de turco Ábalos, que se ha tragado el marrón.
Para entender esta contradicción, es preciso conocer al personaje principal, por no decir el único. Único al menos en la autoridad y poder absoluto que ejerce. Él decide quién es responsable y quién no, pero lo hace sin respaldo en realidad alguna, lo hace solo guiado por una irresistible necesidad de no poner en riesgo su liderato, tanto en la vertiente orgánica como en la institucional.
Una caída grupal, más allá de Ábalos, supondría el principio de su fin. Por eso, cuando lo coherente sería medir a todos con el mismo rasero, el resultado es que a uno se le imputa responsabilidad política, mientras a otros, con igual o más responsabilidad que él, se les defiende con vanos argumentos supuestamente legales y jurídicos. Está claro que no se puede pedir coherencia a un mentiroso.
Digo vanos argumentos, y al menos son efímeros, porque todo el entorno de Sánchez es susceptible de aparecer cualquier día en un sumario en el que, de momento, no hay imputaciones a los mencionados. Pero sí hay numerosos informes de estamentos cualificados, y no sólo insidias del partido popular, que, por más que pese a Sánchez, salpican a su círculo más cercano.
No es un caso aislado como Sánchez y el PSOE quieren imponer a la opinión pública, antes bien, el alcance a personas e instituciones afectadas hace que se trate de un caso institucionalizado de corrupción, llenando de lodo tanto al gobierno como al principal partido político que lo sustenta.
Mención especial merece Francina Armengol en razón al puesto institucional que ostenta. La presidencia del Congreso de los Diputados, tercera dignidad del Estado, no es patrimonio de Armengol ni del Partido Socialista ni mucho menos lo es de Sánchez. Esa dignidad institucional es patrimonio de todos los españoles, y nadie tiene derecho a mancillarla, sea cual fuera el nivel de implicación que tenga su titular en la trama corrupta, que parece ser, cuanto menos, es una importante responsabilidad política.
Pero una vez más estamos en lo mismo, aquí no dimite nadie, aquí todos se pegan al cargo como una lapa.
Y mientras tanto, Sánchez ampara a sus compañeros de viaje con una ley en la que cabe el olvido de la traición al Estado, el terrorismo, la malversación de caudales públicos y la corrupción, un todo incluido.