Un estudio realizado por Antonio León Aguado Díaz y María Ángeles Acedo Rodríguez, de la universidad de Oviedo, sobre una muestra de trescientas veinticinco personas con discapacidad, muestra que el proceso de envejecimiento se percibe como una amenaza para la independencia personal de las personas mayores con discapacidad.
Entre las necesidades compartidas por este colectivo, señalan estos autores, las dominantes en el área de la salud, los recursos económicos, la supresión de barreras (arquitectónicas) la asistencia domiciliaria, la calidad de los servicios y el incremento de los recursos asistenciales.
Entre los discapacitados, el médico rehabilitador Enríc Porter y Soldevila, afirma que esta amenaza se agudiza en los discapacitados que presentan síndrome post polio, que según este doctor, es el término que se utiliza para describir un deterioro funcional progresivo que aparece varias décadas después de un episodio agudo de poliomielitis con secuelas.
El deterioro consiste en una fatiga progresiva, debilidad muscular y dolor, y aunque con menos frecuencia, este médico describe otros síntomas con la presencia de atrofia muscular, a dificultad de respirar y deglutir, los trastornos del sueño y la intolerancia del frio.
En síntesis, afirma, se trata de una patología crónica, caracterizada por un conjunto de síntomas sobre todo "pérdida de fuerza" que aparece en personas que habían tenido, hace treinta o cuarenta años, un ataque de poliomielitis y se habían recuperado de forma parcial.
Demetrio Casado Pérez, en su reciente artículo Perspectiva histórica de la atención a la discapacidad, aparecido recientemente en el libro La huella del tercer sector editado por Cajamar, señala cómo la discapacidad ha sido uno de los problemas que más ha movilizado la acción social de carácter privado y no lucrativo que hoy llamamos tercer sector de acción social, y ha ido generando, ampliando y reforzando la defensa e integración de las personas con discapacidad para finalizar diciendo que la maduración de la sociedad civil y la creciente responsabilidad estatal han ido de la mano en este largo proceso de cambio, si bien con muy diferentes intensidades según los contextos históricos.
Un ejemplo de esta movilización de la sociedad civil, que ha asumido la defensa de las personas afectadas por poliomielitis ha sido las asociaciones y entidades españolas de afectados por la polio, y, por citar un ejemplo, voy a referirme a la Alianza por la polio y post polio de Andalucía que preside Pedro Baro Chamizo, cuyo manifiesto este año, en el Día Mundial de lucha contra la Polio, que se celebra cada 24 de octubre, reivindica, entre otros aspectos, la "elaboración de un registro a nivel nacional de afectados por la polio, que ellos estiman puede alcanzar hasta cuarenta mil personas, la existencia de un reglamento de apoyo asistencia y atención integral a las víctimas de la polio, y la creación de una unidad de atención integral a las víctimas de la polio en cada provincia de Andalucía.
Sin duda la respuesta ha de vehicularse a través de dos vectores, la ayuda económica para poder sufragar los costes de la asistencia domiciliaria y los recursos socio sanitarios que ayuden a mejorar la situación física y psíquica de estas personas, para dotarles de una vida digna, y despejar los miedos que les surgen hoy en su vejez pues, a pesar del tiempo transcurrido desde la aparición de su enfermedad, y de las medidas adoptadas por el Estado, siguen sufriendo bastante de ellos, el abandono y el olvido de las administraciones públicas estatales y regionales, en lo que se refiere a, los ingresos económicos y de atención socio sanitaria que deben considerarse básicas para su normal supervivencia, si se quiere dotarles de la calidad de vida adecuada que merecen.