¿Hay responsabilidad criminal en los miembros de, mal que nos pese, nuestro Gobierno, incompetente, irresponsable y carente de mínima vergüenza, por permitir, alentar y participar en las, cada año más sectarias, manifestaciones feministas del ocho de marzo? Cuando, tan solo cinco día después, el viernes 13, Sánchez nos anticipó la inminente declaración del estado de alarma nacional, confinándonos en casa.
Y que, por ello, el sábado 14, se anunciase su comparecencia, primero a las 2, luego a las 3, más tarde para las 8 y, por último, a las 9, pidiendo a la población el comportamiento responsable que el Gobierno no tuvo. Y lo hizo, sin comenzar pidiendo disculpas por esta demora, con una alocución sensiblera, cínica y ampulosa, en la que enumeró medidas insuficientes y contradictorias (lo de peluquerías y estéticas abiertas fue tragicómico). Además de tardías, por detrás de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que ya se habían visto en la obligación, ante la pasividad del Gobierno, de publicar con anterioridad sus propios decretos y ordenanzas de alarma sanitaria, para frenar la pandemia.
El bicéfalo Gobierno de España, al que no le ha servido de nada la dilatada experiencia lejana de China y la muy próxima de nuestra vecina Italia, permitió regar e infestar de coronavirus a toda la nación, promocionando, con su obscena presencia, las bochornosas e inoportunas manifestaciones feministas, de presencia física abigarrada, altamente contagiosa. ¿Cuántas transmisiones víricas habrá habido, que todavía no se conocen, porque la mayoría de las personas participantes no tienen la posibilidad de someterse a las pruebas, como sí pudieron las contagiadas respectivas, esposa y pareja-ministro, del Presidente Sánchez y del Vicepresidente Segundo Iglesias?
La incuria e irresponsabilidad de Sánchez y de los miembros de su gobierno es criminal y deberían, ya mismo, ser llevados ante tribunales, en causa penal. ¿Instará de oficio a su procesamiento la indigna socialista que encabeza la Fiscalía española, sin reunir el requisito de independencia que exige la Constitución? Con el no por delante, queda la esperanza de que algún partido político la promueva o que sea medio millón de firmas de iniciativa popular.
Pero, futuro aparte, por ahora, solo tenemos graves amenazas de multas y sanciones para los ciudadanos que incumplan las medidas imperativas del Real Decreto 463/2020, en vigor desde el momento de su publicación en el BOE (Disposición final Tercera), en una hora posterior a la comparecencia de Sánchez, ya casi domingo, día 15. Y, por tanto, en vigor no desde toda hora del sábado, como aseveró en su postrera aparición el indocumentado y compulsivamente mentiroso presidente ("hoy en vigor").
Para más desacierto, un Gobierno prudente debería haber dado rango de Decreto Ley, y no simple Decreto, a la declaración de alarma, al estar facultado para ello, por tratarse de un caso de extraordinaria y urgente necesidad. Con lo que hubiese quedado legalmente reforzada su obligatoriedad territorial, propia de los reinos de taifas, habida cuenta del cuestionamiento que, antes y después de su publicación, ha hecho alguna de las autonomías separatistas, en orden a no acatarlo.
Y, volviendo al futuro, además de las posibles consecuencias penales, son evidentes las graves responsabilidades políticas. Este Gobierno, con todos sus miembros, debe ser objeto de una moción de censura inmediata tan pronto se reanude la actividad parlamentaria.