El eco que han tenido las palabras del presidente del Gobierno, afirmando que el fiscal general del Estado está a las órdenes del ejecutivo, ha hecho mella hasta en los propios fiscales, quienes han salido al quite rasgándose vestiduras. A pesar del quite de los fiscales, esta degeneración institucional de la Fiscalía General del Estado colea, sin embargo, como una de nuestras carencias democráticas más acuciantes. El que los fiscales salgan al paso negando la mayor, no deja de ser una salida corporativa más o menos digna, pero algo disonante con la trayectoria de la institución en nuestro país.
La propia doctrina del Tribunal Supremo se hace eco de la dependencia entre fiscales generales del Estado y el partido en el gobierno. Es la llamada “doctrina Sánchez Melgar”, aplicada en el caso NÓOS para sostener a la acusación popular entonces como único frente contra la infanta Doña Cristina de Borbón. Se debatía en ese caso la licitud de permitir la prosecución de la acusación popular cuando el resto de las acusaciones personadas –el fiscal y la acusación particular– desistían–. El caso es que el Tribunal Supremo ha deslindado el interés individual del denominado interés meta individual, siendo pacífico entender que existen bienes jurídicos que trascienden lo meramente individual porque son bienes colectivos cuya trasgresión nos afecta a todos. Cuando media un bien jurídico colectivo, la posición de la acusación popular se legitima por encima incluso del desistir del fiscal o de la acusación particular.
Los jueces de Palma trajeron a colación la referida doctrina Sánchez Melgar, que, así, a grosso modo, establece como criterio general el interés de la institución de la acusación popular y su consiguiente legitimación. A juicio del Tribunal Supremo, la acusación popular –institución particularísima de nuestro país, altamente democrática si se piensa que permite la personación del pueblo en el proceso penal–, la acusación popular, digo, a juicio del Supremo, se legitima –esto es lo que importa hoy– porque está comprobado que el Ministerio Público no siempre se posiciona en interés del Estado, sino que a veces guarda connivencia con la posición política partidista del partido del Gobierno. En el pensamiento doctrinal del Supremo, la acusación popular vendría a evitar esta disfunción.
Es decir, el Tribunal Supremo es consciente de que no siempre el Fiscal General del Estado es guardián del interés general. Casos ha habido muchos en nuestra historia democrática. Por ejemplo, baste como botón de muestra el asunto aquel (mediaba entonces una supuesta negociación del gobierno con ETA) cuando el fiscal no formuló acusación contra Otegui, resolviendo el Tribunal luego un auto de sobreseimiento posterior en el que, recuérdese, se quejaba de la falta de apetito acusatorio del fiscal a pesar de la existencia de pruebas en el proceso contra el político nacionalista; también ha resultado sonada la posición de la fiscalía no oponiéndose a la excarcelación de algún muy conocido terrorista por causas humanitarias que, se diga lo que se diga, no concurrían; o la propia posición de la fiscalía en el ya aludido caso NÓOS, en la que el propio Tribunal Provincial de Palma, manifestó en sus resoluciones la perplejidad que le causaba que el Fiscal actuara manifiestamente como defensor de la infanta, no teniendo esa misma preocupación por otras personas procesadas. Hay mucha cauística.
Esta connivencia de intereses entre Gobierno y Fiscalía General del Estado, la cual se muestra ciertamente extravagante en algunos casos, no debe extrañar. Para empezar el fiscal general del Estado siempre suele ser del signo ideológico del partido en el gobierno. Lo nombra el Gobierno, y de facto suele tener afinidad ideológica. El fiscal general del Estado no es independiente y no lo nombra la carrera fiscal. No lo eligen los fiscales. Los que ahora se manifiestan en contra del presidente del Ejecutivo, Deberían hacerlo alguna vez para solicitar ellos mismos la elección de su fiscal general y reivindicar así su independencia completa del Poder Ejecutivo. Nunca lo han hecho, pero es obvio que deberían hacerlo si quieren que la independencia de los fiscales como institución de control sea una realidad.
Todo parte de que en la cultura de calle no diferenciamos lo que es Estado de lo que es Gobierno. El gobierno de la nación solo es una parte mínima del Estado, como lo es el parlamento, el poder judicial, pero también el resto de instituciones, el territorio, los bienes públicos, etcétera. Y hemos tenido por cierto que el gobierno siempre va a favor del Estado, cuando esto no es así siempre. El Tribunal Supremo lo sabe y de ahí su posición doctrinal. Una parte del Estado (el Gobierno) no siempre va a favor del Estado, de ahí que otra parte del Estado (los fiscales) no tengan que obedecer al gobierno sino servir al interés general del todos.