Usuario como soy del taxi puedo tirar de empatía y llegar a entender que su modelo de negocio/servicio público sufre cargas fiscales y de otro tipo que les provoca estar en clara desventaja con respecto al, por qué no decirlo, infinitamente mejor servicio que ofrecen los VTCs.
Es en otros aspectos de sus organizaciones y reivindicaciones donde la empatía no trabaja. Cuando veo y sufro los disturbios, los colapsos, las agresiones, las amenazas, el boicot que realizan diariamente a los conductores de VTC, y, sobre todo, las manifestaciones públicas de los representantes de los taxistas, se me quitan las ganas de volver a usar un taxi.
Es evidente que generalizar es errar, y la violencia, la arbitrariedad y las irregularidades que cometen unos pocos taxistas no pueden representar a todo un gremio que paga sus impuestos y sale cada día a ganarse la vida en un servicio público necesario. Lo imputable es que quienes les representan sigan alentando la violencia y lo hagan con el beneplácito de los representados, se reúnan con prófugos de la justicia y protagonicen imágenes dantescas que nos avergüenzan como ciudadanos.
Pedro Sánchez, viendo que la entidad del problema supera con creces su capacidad de resolución, decidió dejar en manos de las Comunidades Autónomas este marrón, todo un alarde de responsabilidad institucional. Ahí no se atreve a “realdecretizar” el Presi volador.
Parece que las soluciones que se plantean a este problema sólo pasan por endurecer jurídicamente las condiciones de servicio de las VTC, obviando que el sector del taxi se ha ido progresivamente deteriorando tanto como para que muchos hayamos elegido sin dudar el VTC por calidad del servicio.
Hay opciones para resolver con solvencia este problema, tampoco hace falta ser una mente preclara ni primo de Einstein, sólo se trata de copiar los modelos de otros países europeos, en la medida en que puedan satisfacer las necesidades del sector, y, sobre todo, de los usuarios, que son las auténticas víctimas de este brete.