Hace tiempo que el PP y Mariano Rajoy se encuentran en un punto de no retorno, varando a la deriva. Su incapacidad para configurar mayorías parlamentarias ha provocado una catarsis gubernamental, un trastorno esquizoafectivo en el Congreso y un inmovilismo en el país. Aun así, ellos a lo suyo, en su mecánica de mirar al futuro a la espera de que las cosas se arreglen por si solas. Sin reaccionar. Les va bien su inacción, simplemente se trata de sobrevivir, y ante la evidencia de su desidia, cual canción de Sabina, se limitan a un lo niego, lo niego todo incluso la verdad.
La cuestión podría remontarse a tiempo atrás, pero centrados en esta legislatura, la primera negación viene de la mano del acuerdo de investidura alcanzado por Partido Popular y Ciudadanos el pasado 28 de agosto de 2016, precedido de seis condiciones irrenunciables sobre regeneración democrática impuestas por la formación naranja y que se convirtieron en requisito sine que non para la formalización del mismo. Sin embargo, la voluntad que movía a ambas partes para concretar ese acuerdo se situaba en planos muy diferentes. Para el Partido Popular era algo meramente estético, un postureo, que se limitaba a garantizar la investidura de Mariano Rajoy.
Lo de cumplirlo eso ya era otra cosa, además el tiempo podría ayudar a diluir esa efervescencia inicial e incluso a dejarlo morir; en cambio, para Ciudadanos representaba algo más, mucho más, sintetizar en 150 medidas su compromiso para mejorar España, delimitando la hoja de ruta de una legislatura más reformista y con más diálogo, demostrando una vez más que lo suyo va de responsabilidad y de sentido de Estado.
Los populares niegan que el Pacto de investidura se esté incumpliendo. De las seis condiciones previas impuestas por los de Rivera, todas ellas relacionadas con la regeneración democrática y la corrupción, la única, y con muchas trabas, que ha conseguido asomar la cabeza ha sido la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Los populares se vieron forzados a apoyar la iniciativa de Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos para su creación, y aun votando en el hemiciclo a favor, inmediatamente presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando la declaración de nulidad de los acuerdos parlamentarios de la Mesa del Congresos de los Diputados y de la propia Comisión por vulneración de los derechos fundamentales de los diputados. En sottovoce la negaron, nunca la quisieron. Siempre jugando a la ambigüedad.
Mariano Rajoy ha decidido ponerse a España por montera y gobernar a golpe de rajoyazos. A día de hoy, el Gobierno no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2018, encontrándose en aplicación de lo dispuesto en el art. 134.4 de la CE, prorrogados sine die los del 2017.
La previsión contenida en dicho precepto, lo es para resolver técnica y provisionalmente una situación contra natura derivada de la incapacidad de un gobierno para conformar mayorías suficientes que le permitan la aprobación de sus cuentas públicas y la configuración de sus políticas. Sin embargo, el mecanismo de prorrogar automáticamente los presupuestos es jurídicamente viable pero políticamente no tanto, al llevar implícito cierto déficit democrático, derivado de la necesidad del ejecutivo de recurrir al Decreto-Ley para poder dar cualquier paso de gobierno. Ni es ético ni resulta estético. La cuestión únicamente pasa por dos vías, negociar parlamentariamente a diestro y siniestro los acuerdos necesarios, o bien, dar un paso al frente y convocar elecciones. Sin más. Aunque lo nieguen, lo saben.
Lo tienen complicado, muy complicado, al tener en el aire los apoyos de dos de los baluartes fundamentales en estos menesteres, Ciudadanos y PNV.
En el caso de la formación naranja los tres condicionantes impuestos, equiparación salarial de policía nacional y guardia civil con mossos d’esquadra faseada en tres ejercicios, cese de la senadora investigada en el caso Púnica y reforma fiscal para la exención de los mileuristas, todos ellos devienen, o bien, de justas reivindicaciones o de compromisos previamente adquiridos, resultando, por tanto, completamente asumibles.
Sin embargo, lo del PNV es harina de otro costal. Tras conseguir la aprobación de la Ley del Cupo Vasco para el quinquenio 2017-2021, se mueven más en el terreno de la solidaridad con esta cosa nuestra del nacionalismo, al circunscribir su apoyo a las cuentas públicas al levantamiento de las medidas acordadas tras la aplicación del art. 155 CE en Cataluña. Lamentable el peaje pagado o pendiente de pagar.
Lo niegan. Lo niegan todo, incluso la verdad. El Presidente, políticamente de cuerpo presente y su Gobierno no saben por dónde tirar.