Educar sin colores
Que un chaval de quince años no sea capaz de seguir un texto de cuatrocientas palabras no es de izquierdas ni de derechas. Es un problema, y lo tenemos en casa.
Los números hablan solos. Según los informes de la Comunidad, la comprensión lectora aragonesa pasó de 506 puntos en PISA 2015 a 488 en 2022, y las matemáticas, de 500 a 487. Con PISA 2025 ya publicado, España queda por debajo de la media de la OCDE en las tres áreas, y esa media marca sus peores cifras históricas.
Empecemos por lo incómodo: la exigencia. Aprender cuesta, y pasar de curso sin haber alcanzado lo mínimo no es un favor, es aplazar el golpe.
Las familias con recursos lo compensan con academias; las demás, no. Pruebas de final de etapa comparables y homogéneas en toda España, evaluaciones con consecuencias y refuerzo temprano para quien se descuelga no son dureza, son justicia. La exigencia sin apoyo es crueldad, y el apoyo sin exigencia, resignación.
Para exigir a los alumnos hay que liberar a quienes enseñan y dotarles de la autoridad y recursos suficientes. Nuestro sistema sigue anclado en los años ochenta: centros gobernados por procedimientos, formularios e informes que casi nadie lee, mientras el mundo, y el mercado laboral, cambian cada año. Los colegios deberían poder competir por los mejores profesionales, con autonomía para formar sus equipos, reconocer el mérito y retener el talento. Un docente excelente no debería estar atado a un baremo que no distingue entre el que se esfuerza y el que no, que antepone la lucha sindical al desarrollo de la propia pasión por la docencia y el conocimiento.
De ahí nace la necesidad central: abrir el sistema. El derecho de las familias a elegir la mejor educación para sus hijos no puede depender de lo que cuesta la matrícula. Hoy, el criterio de proximidad al domicilio decide en buena medida qué colegio te toca, y la alternativa a un colegio complicado, la escuela concertada, que sostiene a miles de familias aragonesas, arrastra una infrafinanciación que acaba trasladando costes indirectos a quienes menos pueden.
Cada vez más familias deciden priorizar la inversión en la educación de sus hijos, tratando de escapar de los fallos del sistema. El Estado debería hacer lo mismo, el cheque escolar devolvería a los padres la titularidad del derecho sobre la educación de sus hijos.
La colaboración público-privada no es privatizar: es aprovechar todos los recursos disponibles, ahorrar costes duplicados y multiplicar las alternativas. Un sistema sano admite proyectos distintos con ideario explícito y público, y la ciudadanía decide con información. Eso obliga a todos, también a la pública, a mejorar. Nadie ha puesto todavía sobre la mesa las ventajas que supondría un sistema en el que los docentes fueran compartidos, que un profesor excelente de Historia, pudiera dar clase en varios colegios de la misma zona, igualando el nivel educativo hacia arriba.
Además, la competencia leal fomenta la especialización. Colegios volcados en idiomas, en ciencia y tecnología, en artes o en Formación Profesional, con proyecto propio y rendición de cuentas. Aragón tiene una industria con futuro (logística, automoción, agroalimentación, renovables…) que reclama perfiles técnicos, y la FP dual es el puente. Pero adaptarse al mercado no es entrenar para los empleos de hoy. Se advirtió ya hace más de una década que las escuelas preparan para trabajos que no existirán, y la inteligencia artificial acelera la advertencia. Leer bien, escribir con corrección, calcular y razonar no caducan con ninguna tecnología.
También debemos abordar el problema de las infraestructuras. Nuevos barrios llevan a exigir nuevos colegios de kilómetro cero, que, pasados los primeros años, quedan infrautilizados por falta de alumnos, que pasan a requerir institutos, después casas de juventud y centros cívicos y con los años, residencias de ancianos.
Un gasto enorme con difícil retorno de la inversión, que debería enfocarnos en soluciones como el profesorado transversal o incluso construcciones de complejos de servicios modulares, que permitan la reconversión de espacios a lo largo de los años, sin necesidad de nuevos solares y sobrecostes.
Queda la conciliación. Aula matinal, comedor y actividades de tarde son servicios necesarios, y deben prestarse con calidad y quien mejor pueda hacerlo, público o privado. Pero conciliar es ayudar a las familias a estar presentes, no convertir la escuela en un aparcamiento prolongado. Los niños con padres que pueden dedicarles tiempo rinden más, y toda política educativa seria debería ir acompañada de horarios laborales racionales y de un pacto en casa y en el aula sobre pantallas e inteligencia artificial.
¿Quién puede arreglar todo esto? Nadie, mientras la educación sea un arma arrojadiza. Cada gobierno trae su ley, cada ley se aprueba con media cámara en contra y se deroga cuando cambia el viento. Aragón podría dar ejemplo con un pacto de diez años, objetivos medibles, evaluación independiente y resultados publicados por centro para que cualquier familia sepa cómo va el colegio de sus hijos. Hacen falta partidos dispuestos a ceder y ciudadanos dispuestos a exigir, en las asociaciones de padres, en los consejos escolares y en las urnas.
Los políticos hacen, en buena medida, lo mínimo que la sociedad les pide. Pidámosles que piensen más allá de la próxima campaña. Los niños aragoneses de hoy no tienen color político, y su futuro tampoco debería tenerlo.
