Constancio Navarro, presidente de la Union Vecinal
Estos días hemos visto cómo un chispazo, el desahucio de Maricarmen, ha encendido el malestar en la sociedad. No los miles que se producen cada año, sino este en concreto. Curiosamente nadie ha valorado la vulnerabilidad de esta señora; se ha dado por supuesta.
Lo cierto es que a nadie le puede parecer bien que alguien sea desahuciado por tener que elegir entre comer o pagar el alquiler. Todos estamos de acuerdo en que no puede ser. Pero cuando se esgrime el derecho a la vivienda recogido en la Constitución como si el Estado tuviera que dar una a cada ciudadano o familia, se está confundiendo su interpretación.
El derecho a la vivienda recogido en la Constitución es el principio que debe impulsar a los servicios sociales del Estado para que esto pueda hacerse efectivo cuando temporalmente no existan medios económicos para adquirir o alquilar una vivienda. Es el llamado Estado de Bienestar el que debe poner el remedio.
No conozco ningún país en el que la vivienda no tenga que adquirirse a un precio razonable. Incluso para poder utilizar una vivienda social debe justificarse un nivel mínimo de ingresos.
Sin embargo, oímos expresiones que demonizan a los rentistas o se exigen expropiaciones de viviendas. De hecho, los dos decretos contemplaban medidas restrictivas para los propietarios, alguna idéntica a las que el gobierno autoritario que padecimos durante cuarenta años impulsó. En un gobierno autoritario pueden llegar a entenderse, pero en una democracia nos debería preocupar, porque poco a poco, sin darnos cuenta, lo vamos a naturalizar, si no lo hemos hecho ya.
Lo cierto es que desde el año 2008, cuando las Cajas de Ahorros dominadas por políticos provocaron, entre otras razones, el derrumbe inmobiliario, nada se ha hecho para reconstruir el mercado. Prácticamente 18 años desde que la casi totalidad de promotoras quebraron y no se han puesto los medios para recuperarlas.
Prácticamente 18 años desde que la voracidad administrativa ordeñaba la vaca de la vivienda hasta que ya no podía dar leche y ahí seguimos. ¿Nadie se ha dado cuenta de que había que construir viviendas?
Todo el mundo advierte de que hay que simplificar trámites, eliminar impuestos, acortar plazos, crear de manera ágil suelo finalista para poder edificar, incentivar la construcción, la compra y el alquiler de viviendas tanto al promotor como al adquiriente, volver a las deducciones en el IRPF, dar seguridad jurídica a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado de alquiler … Empezar de nuevo.
Todo esto ya se hizo y funcionó. Pero no son soluciones mágicas; se han perdido 18 años por la falta de previsión de los políticos, que quizá tienen demasiado poder en las administraciones, dejando de lado a los profesionales que tienen la capacidad y la experiencia necesarias.
El primer gobierno democrático nacional impulsó la construcción de viviendas de protección oficial en cada localidad de este país. ¿Por qué no se hace ahora? Porque las propias administraciones han puesto tantas trabas que es prácticamente imposible.
La cuestión no se va a solucionar enfrentando a propietarios contra inquilinos. Tampoco unos decretos redactados con prisa, sin el suficiente rigor normativo y con abundantes errores y fallos. El problema nunca se resolverá mediante normas autoritarias. Solamente desde medidas favorecedoras para todas las partes.
Los jóvenes deben poder construir su vida como se ha hecho siempre, pero si no se empiezan a tomar medidas pronto veremos cómo las familias que viven de alquiler, nunca podrán ahorrar el suficiente dinero para poder dar la entrada de una vivienda en propiedad. Un drama que la sociedad no puede consentir. La sociedad no puede abandonar a quienes empiezan a labrar su vida y debe exigir a los políticos que resuelvan sus problemas.
Lo que ocurre es que desde hace ya unos cuantos años, hemos visto y vemos cosas que no imaginábamos. Puede que nos queden por ver muchas todavía.
