"Obviamente me equivoqué, lo siento. No fue un error queriendo, simplemente no me di cuenta porque iba hablando por teléfono". La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ha admitido este jueves que se equivocó al no llevar el cinturón puesto en el coche mientras grababa su '24 horas con la alcaldesa' (difundido en redes el pasado 15 de febrero). Un momento de despiste que no ha estado exento de polémica y que, incluso, se ha elevado al pleno municipal con una moción presentada por el PSOE.
"Chueca debe pedir perdón a todos los ciudadanos", ha dicho la portavoz del PSOE, Lola Ranera, reprobando así una conducta "infractora" por parte de la máxima autoridad de la ciudad que, según considera la edil, "traslada una imagen errónea a los zaragozanos".
Ranera ha recordado que la alcaldesa incumple la legislación en materia de seguridad y circulación que obliga a llevar el cinturón de seguridad, tanto en vías urbanas como interurbanas, autovías y autopistas. "Una normativa que se puso en marcha para garantizar la seguridad de la ciudadanía y reducir la siniestralidad, y es muy complicado explicarle a los ciudadanos que es necesario llevarlo si quien representa a la ciudad no lo hace", ha apuntado, recordando que el año pasado Zaragoza batió récords en recaudación por multas de tráfico.
Además, Ranera ha criticado que el vídeo fuera eliminado "esa misma noche" y republicado horas después "ya retocado para cerrar más el plano en un evidente intento de ocultar el incumplimiento de la legislación vigente por parte de la alcaldesa".
Poco después de la intervención de Ranera, la alcaldesa ha admitido su error al ser preguntada por los medios de comunicación. "Somos humanos, en un momento determinado vas hablando por teléfono y no te das cuenta y no te abrochas el cinturón", ha declarado, añadiendo que "segundos después" sí se abrochó, aunque "la imagen ya había quedado grabada".
Beneficios a ETA
También este mismo jueves, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, y la concejal popular Ruth Bravo han presentado una moción que el PP defenderá en el próximo Pleno municipal para condenar los beneficios penitenciarios de los terroristas de ETA, "gracias a la cesión de las competencias de las prisiones al Gobierno vasco por parte de Pedro Sánchez".
Durante la rueda de prensa, Lorén ha calificado la decisión como "una humillación para las víctimas y una grave quiebra de la confianza en el Estado de Derecho".
Lorén y Bravo han lamentado, entre otras, la concesión del régimen de semilibertad al exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, condenado a más de 370 años de prisión por múltiples delitos de terrorismo. "Txeroki fue jefe del aparato militar de ETA y está vinculado a algunos de los atentados más graves de la banda terrorista. A día de hoy, centenares de crímenes siguen sin esclarecerse y no consta una colaboración efectiva con la Justicia. Y, sin embargo, se le concede la semilibertad", han señalado.
El portavoz popular ha denunciado que el uso reiterado del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se ha convertido "en un tercer grado encubierto" que desvirtúa el cumplimiento íntegro de las condenas impuestas por los tribunales.
Asimismo, ha enmarcado esta situación en la cesión de la competencia penitenciaria al País Vasco acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco, en el contexto de sus acuerdos parlamentarios con EH Bildu. "Las decisiones penitenciarias no pueden convertirse en moneda de cambio para sostener mayorías parlamentarias", ha afirmado.
Por su parte, la concejal Ruth Bravo ha subrayado que la moción se lleva al Pleno porque Zaragoza es una ciudad directamente golpeada por el terrorismo de ETA. "Zaragoza no puede mirar hacia otro lado. Aquí fue asesinado el presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad. Aquí sufrimos el brutal atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niñas. Y aquí también ETA sembró el terror en San Juan de los Panetes", ha recordado.
Bravo ha defendido que traer esta iniciativa al Pleno es "un acto de respeto institucional hacia todas las víctimas, también hacia las que viven y caminan cada día por nuestras calles". Ambos dirigentes han mostrado su respaldo a las reclamaciones de asociaciones de víctimas, que han exigido cambios legislativos tras los recientes beneficios concedidos a presos de ETA. "Las víctimas no piden privilegios ni revancha. Piden justicia, verdad y cumplimiento de la ley", ha concluido Lorén.
"El terrorismo intentó destruir nuestra convivencia con bombas y asesinatos. La memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas no se negocian ni se intercambian por votos", han zanjado los representantes populares.