Aragón reactiva su ley de Vivienda y empezará a aplicar la 'prioridad nacional' "como tarde" en el primer trimestre de 2027.
El consejero Octavio López ha confirmado que el Gobierno PP-Vox va a enviar a las Cortes de Aragón "exactamente el mismo texto" que quedó en el limbo al convocarse elecciones anticipadas.
Acogiéndose a la ley del presidente, los socios evitarán un nuevo proceso de participación ciudadana.
Esto "ya se hizo" y terminó con 59 aportaciones totales y 184 parciales.
"La representación de los aragoneses la ostenta el Gobierno de Aragón y no se hurta el debate parlamentario. El texto está basado y avalado por la legitimidad democrática de las Cortes", justificaba López.
Con este 'atajo', la DGA se ahorra un año de tramitación, aunque está por ver cómo reacciones el resto de partidos políticos y colectivos implicados.
Las previsiones de la Consejería eran, incluso, más optimistas con los plazos. Inicialmente se esperaba haber aprobado el proyecto antes de acabar el año, pero con una tramitación de presupuestos de por medio, el Departamento ha querido ser prudente y ha establecido este otro horizonte.
En el pacto firmado entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco se avanza que se pedirán 5 años de empadronamiento en Aragón para acceder a una vivienda pública de alquiler y 10 para quienes compren una vivienda protegida.
Este, ha confirmado Octavio López, es "el estándar mínimo que se establecerá en relación con este asunto".
No obstante, tanto PP como Vox presentarán enmiendas "juntos y por separado".
Aunque la ley establecerá las bases generales, será su desarrollo y las bases de cada una de las ayudas las que marcarán cómo se aplica este polémico principio en cada caso.
Entre otros aspectos, la nueva ley blindará la VPO a perpetuidad.
Al detalle
El documento remitido a las Cortes se estructura en torno a un título preliminar, cuatro títulos que suman 78 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales.
Esto se traduce en 45 páginas y 24.000 palabras que han quedado resumidas en el siguiente decálogo:
- Se pondrán a disposición de la promoción de viviendas suelos de titularidad pública que no se vayan a destinar a equipamientos y que se desarrollarán al amparo de la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas.
- El Gobierno asegurará la disponibilidad de recursos para nuevas viviendas mediante iniciativa pública directa o en colaboración público-privada.
- Se garantizarán fondos para ayudar a los demandantes de vivienda pública, buscando que no tengan que destinar a ella más del 30% de sus ingresos.
- Se aplicarán soluciones territoriales diferenciadas adaptadas a las necesidades de cada municipio, distinguiendo entre capitales de provincia, localidades de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos.
- Se regulará la vivienda protegida en base a los criterios sociales del momento y se actualizará el módulo para que su construcción sea viable y no se detenga el impulso a las promociones de VPA. Asimismo, se blindará su protección permanente durante el periodo de enmiendas.
- Adquisición de vivienda construida mediante programas específicos para comprar inmuebles ya edificados que contribuyan a incrementar el parque público.
- Se aportarán soluciones habitacionales adaptadas a las demandas actuales, como alojamientos para trabajadores de sectores estratégicos como el turismo.
- Se establecerán las condiciones de uso de las viviendas sociales para destinarlas a la población extremadamente vulnerable.
- Se fomentarán acuerdos con el resto de administraciones públicas para intervenir en un mercado inmobiliario constreñido por los altos precios y la escasez de oferta.
- Se posibilitará temporalmente la construcción de vivienda protegida en suelos inicialmente definidos para uso terciario.
A vueltas con Óscar Puente
López también ha llevado al Consejo de Gobierno una nueva parte del PIGA de Amazon Web Services que permite avanzar edificaciones e instalaciones en El Burgo de Ebro y la contratación de cuatro lotes de conservación de la red autonómica de Carreteras.
Durante la pasada legislatura, el titular de Fomento y Vivienda se reunió con el ministro Óscar Puente para avanzar en todas las 'cuentas pendientes' del Gobierno central con Aragón.
Tras un primer encuentro, cordial, nada más se ha vuelto a saber del titular de Transportes ni de su equipo pese al compromiso de reunirse al menos un par de veces al año.
"No contesta cartas ni llamadas ni wasaps, lleva un tiempo sin querer tener excesivas relaciones con esta consejería y el conjunto del Gobierno cuando está obligado por el Estatuto. Nos hemos quedado sin esa interlocución bilateral. Empezamos la legislatura y parecía apuntar buenas formas, pero actualmente estamos en un bloqueo inconcebible. No celebrar bilaterales es algo que, desde el punto de vista de política democrática, no tiene sentido", criticaba.