El número de agresiones al personal sanitario en la Comunitat Valenciana no ha dejado de ascender desde la pandemia. Los que entonces fueron héroes, hoy se han convertido en víctimas de ataques físicos, amenazas y acoso por redes sociales.
Para tratar de frenar y combatir estas actitudes ante los enfermeros y enfermeras valencianos, que sufren cuatro ataques al día de media, la Comunitat Valenciana ha actualizado la normativa para sancionar con mayor dureza a los agresores y adaptarla a la nueva realidad para incluir las agresiones por el medio digital.
En 2024 se registraron 1.356 agresiones, un 13,7% más respecto a 2023, y en 2025 subieron a 1.437. Números muy inferiores a la realidad que sufren estos profesionales debido al silencio que rodea estos ataques.
La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, afirma que "en la actualidad existe un grave problema de infradiagnóstico, debido a que muchos sanitarios no denuncian por miedo a represalias en su puesto de trabajo o por el desgaste que supone enfrentarse al agresor en un juzgado".
"El nuevo reglamento introduce una definición legal amplia de lo que constituye una agresión en el ámbito sanitario, cubriendo un vacío que no estaba contemplado en el anterior decreto de 2014", indica.
La norma ya no se limita únicamente a la violencia física, sino que abarca insultos, vejaciones, injurias, amenazas, intimidaciones, daños patrimoniales y conductas atentatorias contra la libertad sexual. "Además, incluye por primera vez las agresiones cometidas por medios escritos, audiovisuales, digitales y a través de redes sociales", explica.
Angulo detalla que el nuevo marco legal introduce sanciones administrativas de hasta 60.000 euros y permite medidas de protección inmediata, como el traslado del agresor a otro centro.
"Se ha creado un régimen específico de infracciones administrativas dividido en leves, graves y muy graves. Anteriormente, si una agresión denunciada no alcanzaba relevancia penal, el caso quedaba archivado sin sanción alguna. Con este cambio, la Administración adquiere potestad sancionadora para imponer multas económicas que oscilan entre los 500 € y los 60.000 € para los casos más graves", indica.
El reglamento contempla expresamente la reparación de los daños ocasionados a la víctima, incluyendo los gastos derivados de la asistencia sanitaria y el pago de indemnizaciones. Dichas reclamaciones económicas podrán exigirse directamente al agresor a través del procedimiento sancionador de multas.
"El objetivo es reforzar la seguridad jurídica, la capacidad de respuesta administrativa y la protección efectiva de los profesionales", añade la presidenta.
De aplaudidos a agredidos
La experta señala un aumento preocupante de la violencia desde la pandemia, vinculando este fenómeno a la frustración de los usuarios ante las listas de espera y la digitalización de las citas.
"Aunque las agresiones digitales van en aumento, la mayoría de los incidentes siguen siendo agresiones verbales y físicas en los centros de atención y urgencias", sostiene.
De las 1.457 agresiones a profesionales sanitarios denunciadas en la Comunitat Valenciana el pasado año, 230 fueron físicas.
Angulo subraya que "esta cifra representa 101 agresiones más que las contabilizadas en 2024. El repunte más fuerte se inició en 2020 con la pandemia, manteniéndose desde entonces una tendencia ascendente año tras año".
Este aumento lo relaciona con una patente frustración social, que los ha llevado de ser aplaudidos a agredidos en unos años.
La imposibilidad de solicitar cita presencial y la atención telemática generan malestar, afectando especialmente a las personas vulnerables a la brecha digital que dependen de terceros para gestionar su salud.
"Toda esa tensión se termina descargando sobre la primera persona que el usuario encuentra en el centro de salud o en el hospital, rol que recae de forma mayoritaria sobre la enfermera", lamenta.
Desde el Colegio de Enfermería se ofrece un curso de prevención de agresiones y se facilita a las enfermeras agredidas asistencia jurídica completa de representación y defensa, junto con asesoramiento psicológico especializado.
Y es que, como destaca Angulo, una agresión no concluye al finalizar el episodio, sino que "deja graves secuelas físicas y emocionales" como estrés laboral crónico, menor rendimiento profesional, estrés postraumático y ansiedad.