Alicante

Si el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV) quiere interponer la querella contra la Conselleria de Sanidad por la falta de material de protección que sufrieron los sanitarios durante la primera ola (entre marzo y mayo de 2020) de la pandemia de la Covid-19, deberá abonar previamente 10.000 euros en concepto de fianza. 

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O eso al menos es lo que le ha solicitado al colectivo la Fiscalía, según denuncian ellos mismos en un comunicado donde los representantes de los trabajadores valencianos no se muestran optimistas ante este escenario "inesperado" que se han encontrado. "Este extremo, con toda seguridad, va a dificultar la tramitación de la denuncia, si no llega incluso a impedirla", se aventuran a vaticinar en la nota de prensa.

En concreto, la notificación se produjo el pasado lunes 5 de junio cuando se hizo saber al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana que la fiscalía solicitaba al Juzgado de Instrucción número Uno de Valencia que se considere al Sindicato Médico, como Acusación Popular y que se les solicite una fianza de 10.000 euros, "lo que de una manera evidente, podría dificultar la personación y denuncia y por ende apartarnos del procedimiento", insisten.

Como se deduce de sus primeras manifestaciones, este sindicato, muy crítico con la conselleria de Sanidad Universal de Ana Barceló desde que se desatara la pandemia, se opondrá a la pretensión del Ministerio Público. "Y no nos cabe otra opción que desear que tan infundada petición sea desestimada por el Juzgado", avanzan, "puesto que limita y puede impedir la defensa los derechos de nuestros afiliados del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana", añaden.

CESMCV insiste en el comunicado que "por todos es conocido que los médicos sufrieron el abandono y total desatención por los responsables públicos de velar por su seguridad e integridad física poniéndola en grave peligro, como se ha podido constatar públicamente, infringiendo de esta manera la normativa de prevención de riesgos laborales".

Por último, el sindicato médico concluye que "es un hecho notorio que la desproporcionada cuantía de la fianza fijada por la Fiscalía puede obstaculizar el ejercicio del derecho de defensa, vulnerando con ello los más esenciales derechos de los afiliados al Sindicato Médico, y en general de los ciudadanos inmersos en procedimientos similares.

Fallo del TSJCV

Esta solicitud de la Fiscalía llega tres meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) diera la razón al CESMCV en su reclamación por los mismos motivos: la falta de medidas de protección durante la primera ola.   

La sentencia estableció en su momento que debe ser la jurisdicción social la que establezca la infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la falta de equipos de protección individual y protección colectiva y la que fije una posible indemnización.