El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, una norma que adapta la legislación española al Reglamento Europeo de IA y que prevé sanciones de hasta 35 millones de euros para los usos más graves.
El texto busca frenar prácticas engañosas, reforzar la transparencia y proteger a los usuarios frente a contenidos manipulados, incluidos los deepfakes sexuales.
Una ley para frenar abusos
La nueva norma parte de la idea de que no todo vale con la IA. Según la información difundida tras la aprobación del proyecto, el objetivo es asegurar un uso “ético, inclusivo y beneficioso” de esta tecnología y facilitar que los ciudadanos distingan con claridad entre contenidos reales y virtuales.
El texto contempla infracciones escalonadas, con multas que van desde 6.000 euros en los casos más leves hasta 35 millones de euros en los más graves. Entre estos últimos figura comercializar un sistema de IA prohibido.
Qué prácticas prohíbe
La ley recoge como prohibidas varias conductas que pueden manipular decisiones o explotar vulnerabilidades de las personas. Entre ellas figuran las técnicas subliminales sin consentimiento, el uso de chatbots para detectar adicciones al juego e incitar al usuario a apostar, o los sistemas que se aprovechen de la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica.
También se refuerza el control sobre los contenidos generados o manipulados artificialmente, con especial atención a las imágenes, audios y vídeos que puedan confundirse con personas, objetos, lugares o sucesos reales. En ese terreno, la ley pone el foco en el deepfake como una de las grandes amenazas para la desinformación y la suplantación.
El foco en los deepfakes
La reforma incorpora además la prohibición específica de los deepfakes sexuales, una medida impulsada tras la polémica por la publicación de desnudos falsos de mujeres y menores creados con IA. Esta decisión sitúa a España en la línea de endurecer la respuesta frente a la ultrasuplantación con fines vejatorios o delictivos.
Más allá del caso sexual, el foco se pone en que la manipulación audiovisual con IA deja de ser una zona gris y pasa a tener consecuencias jurídicas concretas. El texto obliga a una identificación más nítida de lo que ha sido creado o alterado artificialmente.
Control y sanciones
La Agencia Española de Inteligencia Artificial será una de las piezas clave en la vigilancia del cumplimiento de la norma, junto con otros organismos como la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta Electoral Central.
El esquema sancionador también contempla castigos para usos ligados a sistemas de alto riesgo, con multas que pueden ir desde 500.000 hasta 7,5 millones de euros en determinados supuestos. En el tramo más severo, la multa máxima llega a 35 millones o al 7% de la facturación mundial de la empresa, si esa cantidad resulta superior.
Qué cambia para empresas y usuarios
Para las empresas, la ley obliga a revisar con más cuidado cómo se diseñan, comercializan y supervisan los sistemas de IA. El margen para prácticas opacas se reduce, especialmente en sectores donde la tecnología pueda influir en decisiones sensibles o afectar a colectivos vulnerables.
Para los usuarios, el cambio más visible será la exigencia de mayor transparencia: saber cuándo un contenido ha sido generado o manipulado por IA ya no será una cuestión secundaria, sino una obligación legal. En la práctica, la norma intenta que la confianza digital no dependa de la intuición, sino de reglas claras.
Cierre editorial
La nueva ley no pretende frenar la innovación, sino poner límites donde la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de engaño, abuso o suplantación. Con sanciones de hasta 35 millones de euros y una atención especial a los deepfakes, el Gobierno advierte de que usar la IA de forma perversa ya tiene coste.