Maltratar a un animal, entiéndase por acción o por omisión -abandono-, sigue saliendo 'barato' en España, pese a la modificación del Código Penal en 2015 que conllevó un endurecimiento de las penas. En la práctica, prácticamente nadie ha pisado la cárcel desde entonces porque el castigo máximo, 18 meses de prisión por provocar la muerte de la mascota, no llega a los dos años que hacen que el agresor quede libre de carga si no arrastra antecedentes. 

Los últimos casos registrados en el país, ambos en la Comunidad Valenciana, han causado, de nuevo, indignación entre una población cada vez más concienciada ante esta lacra que solo en su vertiente de abandonos sitúan a España a la cabeza de Europa con una media de 200.000 perros y gatos desatendidos de manera irregular por sus dueños cada año. 

En el caso de Alzira (Valencia), fue noticia hace un mes cómo un joven había propinado una brutal paliza a un husky siberiano con una pala. La denuncia vecinal llevó hasta su domicilio a los agentes, cuyo atestado policial remitieron a los juzgados. Sin embargo, la última hora es que este perro, que tenía lesiones en el morro y dificultad al respirar, no ha podido superar las heridas y fallecía este pasado jueves. 

"Ah, pues bien"

Este viernes, el dueño del animal prestó declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de la localidad. Cuando la jueza le informó que su perro acaba de morir, su reacción fue decir "ah, pues bien", rememora Graciela Miralles, abogada de la asociación nacional Dignidad Animal y personada en esta causa como acusación popular. 

Según esta letrada de Alicante, la declaración del supuesto maltratado "fue surrealista porque dijo que encima que le daba de comer a su perro...", avanza. "Al final contó que lo cogió porque lo quería bañar y, como el perro no quiso, le pegó con la pala", señala. "Por suerte", comenta, "parece ser que no tiene más animales a su cargo, pero aún así queremos que la jueza le prohíba la custodia de cualquiera".

Por estos hechos, este hombre no irá a la cárcel, mientras que en otros países como Reino Unido, cuya legislación -aprobada este año- es de las más avanzadas de Europa, podría enfrentarse hasta cinco años de prisión. 

"Endurecimiento penal"

"Venimos pidiendo el endurecimiento de las penas de prisión, así como de la multa económica", explica Miralles. A su juicio, hay veces que es más conveniente denunciar el maltrato por la vía administrativa, por la concejalía de Sanidad de un ayuntamiento, por ejemplo, cuyas sanciones "son mayores" que en los juzgados.

Otras de las reivindicaciones de esta asociación es que se constituyan juzgados especializados en maltrato animal, que se ofrezcan cursos concretos a jueces y fiscales "porque muchas veces dependen de ellos todo para no acabar considerando este tipo de delitos de segunda clase", sostiene. 

Estas medidas, así como otras: cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado especializados o más concejalías de protección animal, haría que, "siempre que exista coordinación entre todos los estamentos", menos violencia contra los animales. 

¿Sanción económica?

Según sostiene esta abogada que es también la presidenta de Dignidad Animal en Alicante, los condenados por maltrato no solo no se libran de la cárcel, sino que tampoco suelen hacer frente a una cuantía económica considerable en concepto de sanción. 

Esto nos remite al caso de Elche, también destapado esta semana por la Policía Nacional tras detener al autor de la brutal paliza propinada a su perro de tres meses. El joven, de 27 años, había dejado ciego a su mascota con una serie de golpes que derivaron en hemorragia nasal y ocular, "tenía el ojo literalmente fuera de su órbita, rotura de huesos craneales y pérdida de visión completa", decía el parte del veterinario. 

Sin resultado de muerte, la pena de prisión para el dueño bajaría de 18 a 6 meses, asegura Graciela Miralles. El autor, una vez que dejó al can en la clínica, se desentendió de él cuando le llamaron para que fuera a recogerlo, alegando que no era suyo, que se lo había encontrado en la calle y que no pensaba pagar las operaciones.  

"En los juzgados se suele imponer al condenado que se haga cargo de los gastos ocasionados, en el caso de Elche se le condenaría a que cumpla con las facturas en la clínica y las costas del juicio", aduce en base a sus 6 años de experiencia como abogada especializada. ¿Se le prohibirá tener animales? "Como pena accesoria a la principal se suele imponer una prohibición de tenencia de solo dos o tres años", por lo que podría volver a tener animales y quién sabe.