Patricia tiene 39 años y una sonrisa que contrasta con el peso de siete años sin abrazar a su hijo. Llegó a Torrevieja el 4 de octubre de 2019 desde Paraguay, dejando atrás a un niño de entonces 11 años y a su madre.
Hoy, ese niño ya es mayor de edad, pero ella sigue atrapada en un limbo administrativo que le impide volver a verlo.
"Lo más duro es no poder estar con mi hijo. Lo veo solo por videollamada", confiesa con la voz quebrada. Es el precio que pagan miles de migrantes latinoamericanos que llegan a España buscando mejores oportunidades.
Patricia estudió contabilidad en Paraguay, pero nunca pudo ejercer. "Allá no hay oportunidades de trabajo, por más que hayas estudiado", explica.
Tras terminar el bachillerato en un colegio salesiano, comenzó a trabajar cuidando ancianos en un hogar para sacerdotes mayores. Esa experiencia marcaría su futuro en España.
El viaje fue largo. Salió de Asunción el 3 de octubre, hizo escala en Buenos Aires y luego en París, donde alcanzó a ver la Torre Eiffel durante la espera. Desde el aeropuerto Charles de Gaulle voló a Madrid y de allí tomó un autobús de cinco horas hasta Torrevieja. "Venía con tantos nervios", recuerda.
Eligió la ciudad de la sal porque tenía unos primos aquí, pero la realidad le golpeó enseguida. "Cuando llegas no es como te imaginabas. Te encuentras con una realidad totalmente distinta y te sientes perdida".
Sin contrato ni derechos
En estos siete años, Patricia ha recorrido prácticamente toda la Vega Baja buscando trabajo. Ha estado también en Valencia y Murcia. Siempre cuidando personas mayores, casi siempre en negro. "Al principio cuidaba niños, pero con los ancianos tengo más afinidad. Me gusta el trabajo", dice.
Los sueldos han sido dispares. En Murcia le pagaban 900 euros al mes por estar interna, sin fines de semana libres ni apenas descanso. Aguantó solo un mes. "Lo hice por necesidad. Cuando vienes a otro país, tu principal objetivo es enviar dinero a tu familia", explica.
Cada mes manda 400 euros a su madre en Paraguay, que depende de ella porque su otro hermano no se hace cargo.
Ahora cuida a una mujer de 95 años en Torrevieja que le paga 1.000 euros mensuales, el mejor sueldo que ha tenido y con la cual se siente muy agradecida. "Hay otros lugares donde ganas menos y tienes que hacer más esfuerzo. Depende de la familia que te toque", relata.
El problema era recurrente: sin papeles, nadie quiere contratarla legalmente. "La gente no quiere hacerte contrato porque en extranjería te piden que esperes de tres a seis meses para que salga el trámite. Muchos no quieren arriesgar y prefieren tenerte trabajando en negro".
Esperanza de la regularización
En mayo del año pasado, Patricia intentó regularizarse a través del arraigo socio laboral, aprovechando la reforma de la Ley de Extranjería. Metió la documentación y esperó nueve meses. En diciembre le denegaron la solicitud por falta de matrícula en un curso formativo.
"No puedo acceder a un curso privado porque son carísimos, cuestan 3.000 euros. Con mi salario, después de enviar dinero a mi madre y pagar mis cosas, no me da", se lamenta.
Pero ahora tiene un nuevo motivo para la esperanza. El Gobierno acaba de aprobar un real decreto que permitirá la regularización masiva de personas migrantes en situación irregular.
Nuevo rumbo
El nuevo real decreto aprobado este martes por el Gobierno español establece un procedimiento extraordinario de regularización para personas extranjeras que puedan demostrar una residencia continuada mínima de cinco meses en el país antes del 31 de diciembre de 2025.
La medida busca regularizar a más de 500.000 personas que viven en el país sin documentación.
Los requisitos son mucho más accesibles que los anteriores mecanismos de arraigo. Con esta medida, se necesita acreditar la residencia en España mediante certificado de empadronamiento, informes o citas médicas, contratos o facturas de luz, agua, gas, teléfono, internet, contratos de alquiler o justificantes de envíos de dinero al país de origen, así como billetes de transporte, certificados de asistencia a recursos sociales o escolarización de hijos.
Otro requisito imprescindible es carecer de antecedentes penales. No se requiere precontrato de trabajo ni formación específica.
La admisión a trámite de la solicitud ya generará una autorización de residencia y trabajo provisional de un año, lo que permite empezar a trabajar de forma legal desde ese momento.
Si la resolución final es favorable, se otorga una autorización de residencia de un año, con permiso de trabajo, que luego puede transformarse en una autorización ordinaria del Reglamento de Extranjería.
Para Patricia, que lleva empadronada casi seis años en Torrevieja, esta medida representa la oportunidad que llevaba años esperando. "Estoy muy contenta porque solo con mi empadronamiento y mis antecedentes penales ya puedo beneficiarme. Ya no necesitaré precontrato de trabajo ni nada", explica con ilusión renovada.
El Gobierno ha fijado una ventana de presentación entre principios de abril y el 30 de junio de este año, durante la cual las personas en situación irregular podrán presentar su solicitud.
"Todavía tendré que esperar 10 años para tener la nacionalidad, pero para mí esto supone un alivio enorme", confiesa. Para obtener la nacionalidad española, es necesario acumular 10 años de residencia legal en España.
El miedo constante
Mientras espera la regularización, Patricia vive con miedo constante. "Cuando veo la policía o la Guardia Civil, tengo miedo de que me pidan documentación", confiesa. Ese temor le impide viajar por España, aunque tiene amigos en el norte que les invitan constantemente a ella y a su pareja española.
"Me quiero ir a conocer el norte, pero no puedo por miedo a que me digan que no tengo papeles y me deporten", explica. Es el miedo que comparten miles de personas en su situación.
Desmontando bulos
Patricia es tajante cuando se le pregunta por las supuestas ayudas que reciben los inmigrantes. "Eso es mentira. Los extranjeros no podemos beneficiarnos de ninguna ayuda hasta que no tengamos la residencia. Y para apuntarte al paro necesitas haber trabajado al menos tres meses cotizados", aclara.
Lo único que tiene es su tarjeta sanitaria, por la que está muy agradecida, aunque al principio tuvo que pagar la mitad de los medicamentos hasta que la trabajadora social le ayudó con los trámites. "Para acceder a la sanidad pública tienes que estar empadronada y hacer todo un proceso".
Sueños de futuro
Cuando finalmente tenga sus papeles, Patricia tiene claro lo que hará. Lo primero, inscribirse como demandante de empleo, como exige Extranjería.
"Me gustaría hacer un curso para trabajar en residencias de mayores. Me gusta mucho ayudar a las personas mayores, es algo que me nace de dentro", dice con convicción.
Y sobre todo, lo que más anhela: ir a Paraguay a ver a su hijo y a su madre. "No veo a mi hijo desde hace casi siete años. Solo por videollamada", repite con los ojos húmedos. Él ya tiene 18 años y le gustaría venir a España, pero Patricia se niega mientras esté sin papeles. "Para qué lo voy a traer, no quiero que sufra lo mismo que yo".
Mientras tanto, sigue enviando dinero a su madre cada mes, cuidando a su anciana de 95 años y esperando que llegue el momento de poder regularizarse.
"Hay veces que me pongo súper negativa y me pregunto: ¿de qué me sirve todo esto? Siempre estás con miedo, siempre te sientes diferente. Pero les animo a los que están como yo a que no pierdan la esperanza. Siempre hay una luz en el túnel", concluye.