La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante (con sede en Elche) empieza hoy el juicio del ‘Caso Brugal’, pieza del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, en la que está acusado el expresidente de la Diputación de Alicante de 2004 a 2011, el popular José Joaquín Ripoll, y otras doce personas, entre ellas, la exdiputada y exalcaldesa oriolana Mónica Lorente.

Entre ellas, destaca el empresario alicantino Enrique Ortiz, supuesto beneficiario junto al empresario oriolano Ángel Fenoll, del millonario contrato del vertedero de la Vega Baja que finalmente fue suspendido en tiempos de la también popular Luisa Pastor, sucesora de Ripoll al frente de la Diputación.

Este tercer y último gran juicio de Brugal se produce después de que el primero, el del contrato de la Recogida de Basuras de Orihuela y el segundo, el del Plan General de la ciudad de Alicante, hayan sido ya sentenciados con diferente resultado. El primero, con la invalidez de las escuchas dejó absueltos a todos los acusados.

El segundo, en el que se dieron por válidas las escuchas, terminó con escasas condenas, algunas prescritas como la de la exalcaldesa popular de Alicante, Sonia Castedo. Y también, multas para su antecesor Luis Díaz Alperi.

Cuestiones previas

En esta primera jornada se dirimen las cuestiones previas. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante en su escrito de acusación culpaba a Ripoll, Ortiz y Fenoll de haber maniobrado durante los años 2008 y 2009 para otorgar a dedo el Plan Zonal cuya adjudicación ganó Ortiz en connivencia con Fenoll para repartirse los beneficios a través de unos terrenos de éste.

La compra a un precio fijado de la famosa finca de 'Las Pistolas' del oriolano en Torremendo fue, según el fiscal, condición expresa para la adjudicación a Ortiz, que debía ubicar su planta de tratamiento en esa localización. Así, los dos empresarios salían ganando en el concurso público.

En 2016, hace cinco años, la Fiscalía pidió 16 años de prisión y 41 de inhabilitación para Ripoll; 17 para los empresarios Ortiz y Fenoll, con 20 de inhabilitación, y otros cuatro y 24 de inhabilitación para la exalcaldesa del PP de Orihuela, Mónica Lorente.

Fue en enero de 2015 cuando Pastor, ya casi al final de su mandato, anularon el proceso administrativo del gran vertedero de la Vega Baja adjudicado a Ortiz. Una decisión que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV declaró más tarde «contraria a derecho» esa resolución contractual y estableció que Cespa-Ortiz era la adjudicataria legal del Plan Zonal de la Vega Baja.

Por el momento, sigue sin encontrarse una ubicación consensuada y sin construirse esta infraestructura necesaria para dar servicio a más de 350.000 habitantes en la comarca alicantina.