Alicante

Sin Compromís, sus socios de gobierno en Elche, ha salido este viernes miembros del PSOE para defenderse de las imputaciones lanzadas por el Partido Popular a ambas formaciones sobre el fraccinamiento de contratos, una práctica que está investigando la Fiscalía Anticorrupción.

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Así, el alcalde de Elche, Carlos González, acompañado por el portavoz del Gobierno, Héctor Díez; el portavoz adjunto, Ramón Abad; y la concejala de Gestión Financiera, Patricia Maciá; ha calificado la gestión del Equipo de Gobierno Municipal como “intachable ética y jurídicamente”.

“Cada euro que se gasta o se invierte en este Ayuntamiento está sometido a todos los controles jurídicos que exige nuestro ordenamiento, es decir, conforme a derecho”, ha indicado Carlos González, quien ha precisado que “la gestión económica también está sometida a la más absoluta transparencia y control político, y ello por voluntad expresa de este gobierno”.  

Reparos

El regidor ilicitano ha ofrecido varios ejemplos sobre los procesos de contratación en el Ayuntamiento y ha considerado absurdo no levantar reparos que están justificados. A este respecto, el primer edil ha especificado que en 2019 se tramitaron en el Ayuntamiento ilicitano 11.690 facturas y en 2020, 9.868, por lo que suman en los dos ejercicios 21.558 facturas que han recibido 60 reparos. 

“Un reparo -explica González- es un elemento importante a la hora de tomar en consideración la denuncia del PP y su gravedad. Un reparo es el desacuerdo del interventor con el fondo o la forma de un expediente motivado en una norma jurídica. Hay que saber dos cosas, el reparo no prevalece sobre las decisiones de los órganos de Gobierno, sino que plantea una discrepancia motivada y la ley faculta al alcalde para poder levantarlo con argumentos. Es una circunstancia prevista en la legislación y que se resuelve con arreglo a ella”.

Cuentas auditadas

Sobre las cuentas, ha recordado que, como marca la ley, están auditadas por el Tribunal de Cuentas, entre ellas las de 2019, cuestionadas por el PP, y las de 2020 lo estarán una vez que se apruebe de inmediato la Cuenta General correspondiente. El regidor ilicitano ha precisado que “si el Tribunal de Cuentas hubiera advertido alguna práctica irregular con relevancia penal en los reparos del ejercicio de 2019 puestos de manifiesto por el PP, evidentemente hubiera deducido las acciones legales correspondientes, algo que no se ha producido”.

A continuación, González ha puesto varios ejemplos sobre los expedientes en los que están los 38 y 22 reparos que constan en la denuncia del PP y ha explicado las distintas situaciones que se producen y que, a su juicio, justifican que se levanten, esto es, que se pague al proveedor, para poder prestar servicios esenciales "cuya paralización supondría un serio perjuicio para la ciudadanía". 

El alcalde, en la comparecencia este viernes.

Ejemplos

Entre 20219 y 2020 hay algunos reparos a facturas emitidas por el Servicio de Comedor Social que se presta en el barrio de Palmerales, de los mál vulnerables, cuyo contrato en vigor finalizó y la empresa continuó prestando el servicio, ha avanzado. Hasta que se formaliza un nuevo contrato, los departamentos municipales de Contratación y de Bienestar Social elaboran los pliegos de condiciones administrativas y técnicas (hay veces en las que se dan circunstancias que hacen que no haya una sucesión inmediata del contrato que finaliza y el que comienza), y en ese ínterin se pagan facturas, que son objeto de reparo.

El interventor pone de relieve que no hay un contrato en vigor, que ha expirado, ha señalado el alcalde, "pero, al mismo tiempo, en el levantamiento del reparo se deja constancia de que había un contrato inicial, de que se está pagando en virtud de ese contrato y que se está tramitando la nueva licitación”. 

Si no se levanta el reparo ocurriría que no se pagaría la factura a alguien que está prestando un servicio, lo cual sería una irregularidad manifiesta. Creo que está claro, más que una irregularidad podría ser constitutivo de un delito. En segundo término, ¿qué podría ocurrir si no se paga? Que se suspenda la prestación del servicio, ante lo cual estaríamos generando un perjuicio a los destinatarios del mismo”, ha precisado el regidor.  

 "Aquí los reparos no tienen que ver con los fraccionamientos de contratos fraudulentos que se pueden estar dando en otras administraciones”, ha insistido Carlos González.

Reparos justificados

Por último, el primer edil socialista ha insistido en que los reparos denunciados por el PP estaban justificados. “¿Son los reparos algo que solo ocurre en el Ayuntamiento de Elche o se produce con normalidad en las administraciones locales?", se ha preguntado.

"Está previsto en la ley y estoy convencido de que con el grado de complejidad que tiene la contratación pública, máxime desde la última reforma de la Ley de Contratos del sector público, todas las administraciones locales se encuentran con incidencias en la contratación que les obligan a mantener servicios con contratos expirados”,se ha respondido.

“Estos reparos han sido llevados por el PP a la Fiscalía Anticorrupción planteando un posible delito de prevaricación por parte de este Gobierno. ¿Se dan cuenta del absurdo que representaría no levantar reparos que están justificados?", ha añadido. "Fraccionamiento de contratos no tiene nada que ver con las situaciones que acabamos de describir. El fraccionamiento lo que pretende eludir es la contratación y la publicidad", ha concluido.