Los talleres mecánicos tradicionales de Alicante no solo se enfrentan al encarecimiento de las materias primas, la falta de profesionales y relevo generacional y al avance de los vehículos electrificados. Son castigados también por talleres ilegales que roban sus clientes con precios imposibles de igualar y que llevan cada día a más negocios a bajar la persiana.
La crisis del intrusismo profesional se ha expandido y ya uno de cada cinco talleres en la provincia es ilegal, según datos de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa).
Esta proliferación de negocios clandestinos opera en chalets, viviendas o garajes particulares con secretismo y gracias al boca a boca, lo que dificulta a las autoridades localizarlos e inspeccionarlos al requerir orden judicial.
Además, suponen un riesgo para la seguridad vial, el medio ambiente y los derechos del consumidor al perder cualquier tipo de garantía.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la Provincia de Alicante de Fempa (Atayapa), Alejandro Rico, denuncia que la competencia desleal está apretando las tuercas al sector y obligando al cierre de muchos talleres.
"El problema del intrusismo profesional y el incremento de talleres ilegales ha dejado de ser un asunto empresarial para convertirse en una lacra de la sociedad actual, dadas las consecuencias negativas que provoca en la seguridad industrial, en la seguridad vial y en los ciudadanos", asegura.
"De las bajas que se dan de talleres, al menos un 50 % es consecuencia directa de esta competencia desleal que aboca a los talleres legales a su cierre al no poder competir con este tipo de instalaciones", lamenta Rico.
Además, todas estas actuaciones e inspecciones a través del Seprona o la policía autonómica han permitido descubrir otros delitos asociados, como vehículos robados, estupefacientes, trabajadores ilegales o placas de matrícula sustraídas.
Pérdida para el cliente
"Esto limita los derechos de los consumidores que, en caso de tener un problema en una reparación, pierde toda garantía legal", advierte.
A la dudosa calidad de la reparación y de los materiales utilizados se suman piezas de desguace no permitidas en elementos de seguridad.
"Está prohibido usar piezas de segunda mano en suspensión, frenos o dirección, y este tipo de talleres no tiene ningún escrúpulo en utilizarlas", añade.
Todo ello hace que la diferencia de precios entre un taller legal y uno clandestino sea considerable debido a la evasión sistemática de costes fiscales, laborales y operacionales.
"Los talleres ilegales omiten el pago de impuestos, licencias de actividad, seguros de responsabilidad civil, prevenciones laborales, gestión de residuos y calibración de maquinaria, lo que les permite ofrecer tarifas reducidas a costa de asumir riesgos elevados", critica el presidente de Atayapa.
Otro problema asociado a estos negocios ilegales es el daño medioambiental con el vertido de residuos tóxicos con los que operan.
"En los talleres los retiran compañías autorizadas, mientras que ellos los tiran por la alcantarilla", indica.
Denuncias
Para frenar esta red de negocios ilegales, Atayapa dispone de un boletín de denuncia anónimo que registró unas 120 denuncias en el último año.
La patronal asume la titularidad de la denuncia ante las autoridades, preservando la identidad del denunciante.
Rico recuerda la importancia de denunciar estos espacios y sostiene que "los talleres legales cuentan con placas identificativas de Industria en la fachada. En el momento en que no la tienen, ya es una pista evidente. Y si no te quieren hacer factura o pretenden cobrar en negro, es obvio que no están cumpliendo la normativa".