El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante se reunió esta mañana en la Diputación Provincial para analizar el estudio elaborado por las Cámaras de Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela, centrado en la “Situación, perspectivas y retos de la economía alicantina”.
La sesión, presidida por la vicepresidenta primera, Ana Serna, contó con la intervención del presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño, quien, en representación de las tres entidades camerales, presentó el informe junto a Mª Carmen Pastor, responsable del Gabinete de Estudios y Estadística de Cámara Alicante. Pastor fue la encargada de detallar el contenido de un documento resultado del trabajo conjunto de las tres cámaras de la provincia.
El estudio refleja, entre otros aspectos, que Alicante ocupa la quinta posición en PIB a nivel nacional y la cuarta en población.
Asimismo, analiza la estructura productiva provincial: el sector servicios supone el 72% de la riqueza generada —cuatro puntos más que la media española—, destacando las actividades inmobiliarias, turísticas y comerciales.
La industria alcanza el 11%, por debajo del 16% de la media nacional; la construcción representa un 7%, dos puntos por encima; y el sector primario se reduce tan solo al 1%.
Además de examinar la situación actual, el informe plantea retos de futuro como la necesidad de un turismo sostenible, el avance en digitalización e innovación, la mejora en el acceso a la vivienda, el fomento de la internacionalización, el aumento del tamaño empresarial, la disponibilidad de suelo industrial y una mayor diversificación geográfica en las exportaciones.
Otro de los bloques centrales aborda el déficit histórico de inversiones que arrastra la provincia, con especial incidencia en infraestructuras de transporte.
Entre las actuaciones prioritarias destacan el AVE entre Alicante y Valencia, la mejora de la línea Alcoi-Xàtiva, el eje Alicante-Elche-Murcia, el Corredor Mediterráneo, el tren de la costa, la ampliación del aeropuerto y la futura estación término en Benidorm.
Según las estimaciones de las Cámaras, el desequilibrio acumulado en los Presupuestos Generales del Estado asciende a más de 4.000 millones de euros entre 2008 y 2024, y el déficit de inversión alcanza los 1.834 millones en función de la contribución provincial al PIB.
En su intervención, Carlos Baño declaró que “Alicante no debe conformarse únicamente con ser la quinta provincia en PIB, sino que debe aspirar a ser referente en innovación, sostenibilidad y bienestar social”.
Subrayó, además, la necesidad de una “visión compartida” y de una colaboración real entre administraciones, empresas y sociedad civil, con el fin de convertir el potencial provincial en oportunidades tangibles para todo el territorio.
El estudio también dedica un apartado a los recursos hídricos, defendiendo el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, la apuesta por la reutilización y depuración avanzada, la desalación mediante energías renovables y la necesidad de un Pacto Nacional del Agua que aporte estabilidad y evite conflictos territoriales.
Baño concluyó haciendo un llamamiento a “impulsar iniciativas conjuntas, realistas y eficientes” que favorezcan el desarrollo homogéneo de todas las comarcas alicantinas.
Tras la presentación, los integrantes del Consejo Económico y Social expusieron sus primeras valoraciones, que también deberán plasmar por escrito.
Entre las cuestiones más señaladas figuraron la regulación del turismo, el problema del acceso a la vivienda y la importancia de considerar la perspectiva de la discapacidad y la movilidad reducida en las políticas y proyectos futuros.