Los nuevos decretos de vivienda generan preocupación entre los profesionales inmobiliarios de Alicante por el posible impacto que pueden tener sobre la oferta de alquiler. Así lo explica la delegada de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (ASICVAL) en Alicante, Matilde Irles.
Irles considera que las nuevas medidas pueden producir un efecto contrario al que persigue el Gobierno, ya que muchos propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado, al sentirse desprotegidos jurídicamente.
"Los decretos benefician al arrendatario que ahora mismo tiene una vivienda en alquiler, pero a la población que está esperando para alquilar se le crea un problema porque hay menos viviendas", afirma a EL ESPAÑOL de Alicante.
El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de 21 medidas mediante los Reales Decretos-ley 28/2026 y 29/2026, que incluye medidas sobre alquileres, compra de primera vivienda, desahucios y contratos en zonas tensionadas.
La situación genera además incertidumbre sobre la aplicación de algunas de las medidas al encontrarse las Cortes disueltas y depender su convalidación de la Diputación Permanente del Congreso.
"Bloqueo" en los alquileres
La representante de Asicval sostiene que la rapidez con la que se han tramitado las medidas dificulta que el propio sector tenga claro su alcance. "No tenemos las cosas muy claras", señala Irles, que considera que algunas de las decisiones continúan "en el aire".
La principal consecuencia que percibe en las inmobiliarias es un "bloqueo" del mercado. Según explica, algunos propietarios que tenían previsto poner sus viviendas en alquiler están frenando sus decisiones ante la incertidumbre sobre las condiciones que tendrán que asumir.
Irles asegura que existe "pánico" entre parte de los pequeños propietarios, especialmente por el temor a no poder recuperar su vivienda si aparecen problemas con el inquilino. "Están perjudicando más el acceso a la vivienda", sostiene.
Del alquiler a la venta
La delegada de Asicval apunta que algunos arrendadores están valorando trasladar sus viviendas al mercado de compraventa. Se trata, según explica, de propietarios que utilizan el alquiler como complemento de sus ingresos o que han invertido sus ahorros en una vivienda.
A su juicio, si estos propietarios consideran que no tienen garantías suficientes para recuperar el inmueble cuando lo necesiten, pueden preferir venderlo antes que mantenerlo alquilado. Esta salida reduce todavía más el número de viviendas disponibles para los futuros inquilinos.
La situación también afecta a las inmobiliarias. "Nosotros vivimos de las transacciones, tanto de venta como de alquiler", recuerda Irles, frente a la imagen de las agencias como "los malos de la película". "Somos los primeros que queremos que se solucione la crisis de la vivienda", afirma.
El comprador internacional
Irles también se refiere a la evolución de la oferta de alquiler en la provincia de Alicante y a las diferencias respecto a la capital. En este mercado, explica, el cliente internacional tiene un peso relevante.
Según la agente, algunos compradores extranjeros llegan primero como inquilinos para conocer la zona y posteriormente adquieren una vivienda. Sin embargo, advierte de que la incertidumbre normativa puede cambiar esta tendencia. La oferta provincial, afirma, "va a cambiar en breve" porque la situación actual está "espantando al mercado internacional".
Irles rechaza además que los compradores extranjeros sean responsables del encarecimiento de la vivienda. "No es cierto, todo lo contrario", afirma. Según explica, algunos de estos propietarios ponen sus viviendas en alquiler residencial cuando no las utilizan.
Durante la entrevista, Irles también alerta sobre casos en los que propietarios que necesitan recuperar un inmueble se encuentran con peticiones económicas de los inquilinos. Habla de cantidades de "10.000 o 15.000 euros" para abandonar la vivienda.
La agente considera que esta situación refleja la tensión existente en el mercado. El propietario necesita recuperar o vender el inmueble, mientras que el inquilino que lo deja tampoco encuentra fácilmente otra vivienda disponible.
"Tumbar el decreto"
Irles considera insuficientes los incentivos fiscales previstos para los propietarios que mantengan alquileres asequibles. A su juicio, las medidas no compensan los riesgos y costes que asume el arrendador, especialmente cuando la renta ni siquiera cubre en algunos casos la cuota hipotecaria.
La delegada de Asicval reclama más seguridad jurídica, menos trabas burocráticas y un aumento de la construcción de vivienda. También cuestiona que se señale al propietario o al comprador extranjero como origen del problema cuando, según sostiene, la raíz está en la falta de oferta.
Su propuesta pasa por "tumbar el decreto que han hecho" y recuperar la confianza de los propietarios para que vuelvan a sacar viviendas al mercado, al tiempo que se agilizan los trámites para construir nuevas promociones.