El rechazo en el Congreso de los Diputados a los dos reales decretos-ley de vivienda impulsados por el Gobierno y la posterior convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre han elevado la incertidumbre en el mercado del alquiler.
Para el presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Alicante, Julián de la Peña, la sucesión de cambios normativos provoca que los propietarios opten directamente por retirar sus viviendas.
De la Peña pone como ejemplo una situación vivida en su agencia. Ante la posibilidad de que el Gobierno introduzca nuevas modificaciones, decidió congelar las visitas que tenía previstas y retirar de los portales inmobiliarios una vivienda que estaba preparada para salir al mercado del alquiler.
"Casi la mayoría de las viviendas que los compañeros tenían en alquiler en sus agencias, -yo solo una-, han paralizado la comercialización", explica
El representante de las inmobiliarias alicantinas sostiene que esta reacción se extiende entre propietarios que necesitan los ingresos del alquiler para afrontar una hipoteca y que, ante la inseguridad, pueden optar por vender el inmueble y cancelar la deuda.
El pequeño propietario
De la Peña rechaza que el mercado del alquiler esté dominado por grandes fondos de inversión.
Según explica, los denominados 'fondos buitre' no alcanzan el 10 % del mercado, mientras que entre el 60 % y el 70 % de la oferta procede de pequeños y medianos propietarios que tienen una o dos viviendas, muchas veces procedentes del ahorro familiar o de una herencia.
Según otro artículo de EL ESPAÑOL, las personas jurídicas apenas controlan el 8,1% del parque alquilado a precio de mercado y, entre las empresas arrendadoras, la "gran mayoría" son pequeñas y medianas. Desde Fotocasa aseguran, que cerca del 90% de los arrendadores son particulares.
A su juicio, las medidas planteadas por el Ejecutivo generan un "desequilibrio brutal" entre las partes del contrato. Entre los aspectos que cuestiona está la obligación de indemnizar al inquilino con 12 mensualidades a valor de mercado cuando el propietario necesita recuperar la vivienda, una medida que califica de "locura".
El presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Alicante considera que al propietario se le termina trasladando una responsabilidad que corresponde a las administraciones. La consecuencia, advierte, es que cada vez más arrendadores se plantean si merece la pena mantener sus viviendas en el mercado.
De la Peña también critica la sucesión de decisiones políticas y los cambios normativos que afectan al alquiler. Considera que las medidas no ofrecen la estabilidad necesaria para que propietarios e inquilinos puedan tomar decisiones a largo plazo.
"Ojalá de verdad dejen de pensar en ellos, dejen de pensar en los votos y se centren en lo que realmente necesita el pueblo", afirma.
El representante del sector insiste en que las inmobiliarias son las primeras interesadas en que exista una oferta suficiente de alquiler. Aunque una retirada masiva de viviendas podría generar más producto para la compraventa, asegura que el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes también afecta directamente a los profesionales inmobiliarios.
Incertidumbre entre los API
La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Alicante, Marifé Esteso, ya advertía de esta tensión a EL ESPAÑOL, antes de que el Congreso tumbara los decretos.
Su valoración se produjo el pasado jueves, durante las horas en las que las nuevas medidas permanecían publicadas en el BOE a la espera de la votación parlamentaria, cuando todavía no se conocía cuál sería el resultado.
En ese momento, Esteso explicaba que la incertidumbre ya estaba llevando a propietarios con una o varias viviendas en alquiler a retirar sus inmuebles del mercado.
"Lo que percibimos es lo que viene pasando desde hace años: una incertidumbre absoluta por la intervención del Estado en los alquileres que, por la inseguridad jurídica que supone para el propietario, solo produce la salida de casas del mercado y la subida de la renta", señalaba.
La presidenta de COAPI también advertía entonces de que quienes firmasen un contrato durante ese periodo podían quedar afectados por las nuevas condiciones aunque el decreto no terminara siendo convalidado.
"El que firme hoy un contrato de alquiler, aunque el decreto no se ratifique mañana, ya le afecta desde hoy; sueltas tu vivienda y no sabes cuándo la recuperas, pareciendo que volvemos al arrendamiento por tiempo indefinido de 1956", explicaba Esteso el jueves.
Desde Idealista, sin embargo, todavía no pueden cuantificar si los anuncios de viviendas en alquiler han desaparecido del portal a raíz de la incertidumbre generada por los decretos. El portal explica a este medio que los datos necesitan un periodo de observación más amplio para tener "fiabilidad estadística" y que su equipo técnico está trabajando para poder ofrecerlos.
Según señalan, habitualmente necesitan analizar periodos más largos, como los trimestres, por lo que por ahora no disponen de cifras que permitan confirmar una caída de la oferta tras las últimas noticias.