El conflicto en torno al trasvase Tajo-Segura ha experimentado un giro determinante en su estrategia. Tras años de librar la batalla en los tribunales, el sector agrario del Levante español asume que el recorrido en los tribunales ha quedado prácticamente agotado. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en favor de la implantación de los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo han ido cerrando una a una las puertas a la revocación legal de los recortes.

En este escenario, el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats) cambia el foco de atención hacia la movilización de la opinión pública, utilizando datos sobre el agua que se va a mar en Portugal (y no sirve para regar los campos españoles) y así mantener una permanente presión social. Todo ello, cuando se ha anunciado que se suspenden los trasvases por una rotura del canal.

Expertos en derecho ambiental e hidráulico señalan que esta estrategia comunicativa responde a una necesidad lógica ante el estrechamiento del margen en los tribunales. Andrés Molina, catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, confirma que la vía judicial se encuentra en un punto de no retorno. Solo el reciente recurso o incidente de nulidad presentado por la entidad ante el Supremo alegando indefensión se entiende en el ámbito legal como el último y agónico trámite formal previo a la vía constitucional, con un margen de éxito escaso.

Un ejemplo perfecto de este intento de trasladar el conflicto a la ciudadanía se observa en las recientes publicaciones del propio SCRATS en redes sociales, donde denuncian de forma gráfica que, mientras se fija un recorte inminente de 105 hectómetros cúbicos para el Levante de cara a 2027, hacia Portugal han circulado más de 11.500 hectómetros cúbicos en este año hidrológico, superando holgadamente los mínimos fijados por el Tratado de Albufeira.

Con este tipo de mensajes, el sindicato busca trasladar a la opinión pública la paradoja que amenaza su forma de vida y a la "huerta de Europa". El vertido hacia el Atlántico de grandes volúmenes de agua que no aprovecha Castilla-La Mancha (la gran opositora al trasvase pese a beneficiarse de los pagos de Alicante, Murcia y Almería por el agua trasvasada), contrasta con los severos recortes a los cultivos del Levante.

Ante la pérdida de las batallas en los tribunales, estas campañas informativas pretenden evidenciar lo que el sector agrícola califica como una grave incoherencia en la gestión pública de un recurso nacional, no de las comunidades autónomas. La estrategia busca mantener vivo el descontento popular y articular un frente común ante las futuras decisiones ejecutivas, dada la inviabilidad de tumbar las normativas vigentes a través de sentencias judiciales favorables.

El foco del sector hídrico se sitúa ahora en los próximos ciclos de planificación hidrológica. El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido excluir la revisión de los caudales ecológicos del Esquema de Temas Importantes (ETI) dentro del plan del Tajo, una decisión técnicamente discutible pero que neutraliza la posibilidad de reabrir este debate durante la fase ordinaria de información pública y alegaciones.

Esta exclusión del procedimiento formal impide que las demandas de Alicante, Murcia y Almería modifiquen los parámetros ambientales fijados para el río mediante las vías habituales de participación pública. En este escenario de bloqueo técnico e inaccesibilidad judicial, el futuro de las aportaciones del Tajo al Segura queda subordinado de manera exclusiva a la evolución del contexto político nacional.

Por eso, la modificación de la hoja de ruta que conduce a mayores restricciones en el año 2027 solo sería factible en caso de un cambio de gobierno que reorientara las directrices del Ministerio y la normativa de explotación del acueducto.