La nueva Ley de Movilidad Sostenible convierte la movilidad en un derecho de la ciudadanía y obliga a las empresas con centros de trabajo de más de 200 personas empleadas, o 100 por turno, a contar con un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo.

Aunque la norma fija un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor, las empresas afrontan ya la recta final para cumplir con esta obligación.

"El plazo ya está corriendo. La ley entró en vigor en diciembre de 2025 y establece un período de 12 meses, por lo que el plazo finaliza el próximo mes de diciembre y las empresas disponen realmente, hoy por hoy, de unos cuatro meses para su elaboración", explica a EL ESPAÑOL de Alicante el director de Movilidad del área de Levante de Vectalia, Allan Khochman Lamuela.

Una oportunidad para empresas

La norma sitúa a las personas en el centro del sistema y apuesta por una movilidad más sostenible, con prioridad para los desplazamientos a pie, en bicicleta y mediante transporte público colectivo frente al vehículo privado. Además, introduce nuevas herramientas de planificación, financiación y digitalización.

Para Khochman, los planes de movilidad no deben entenderse únicamente como una obligación administrativa. Considera que representan una oportunidad para analizar cómo se desplazan los trabajadores y diseñar alternativas que mejoren el acceso a los centros de trabajo.

"No debemos entender estos planes únicamente como una exigencia administrativa o un mero trámite, sino como una herramienta para mejorar la accesibilidad a los centros de trabajo, reducir desplazamientos innecesarios y avanzar hacia una movilidad más eficiente y sostenible", señala.

En este proceso, el experto considera fundamental la negociación entre las empresas y los representantes de los trabajadores, ya que la propia legislación incorpora el deber de negociar las medidas de movilidad. A su juicio, conocer las dificultades reales de los empleados permite plantear soluciones que respondan a las necesidades de cada centro.

"La movilidad de los trabajadores no se puede diseñar de espaldas a sus necesidades", apunta Khochman, quien defiende que la negociación debe servir también para generar corresponsabilidad en materia de sostenibilidad.

Soluciones concretas

En este contexto, Vectalia plantea impulsar el papel del denominado gestor de movilidad como figura especializada en coordinar las necesidades de desplazamiento de las empresas. Khochman aclara que esta figura no está regulada actualmente por la ley, sino que responde a una propuesta de la propia compañía.

El objetivo pasa por que las empresas puedan externalizar la gestión de esta materia y contar con un socio especializado. "Ese es precisamente el papel que tenemos y que queremos seguir desarrollando: ser el socio de movilidad de las empresas, desde la necesidad hasta la solución", afirma.

La compañía ya trabaja, según explica, en soluciones de movilidad sostenible para empresas del tejido empresarial alicantino y cuenta con experiencia en los ámbitos urbano, metropolitano e interurbano.

El reto de los polígonos

La aplicación de la nueva jerarquía de movilidad plantea un desafío especial en una provincia como Alicante, donde buena parte de la actividad económica se encuentra dispersa en áreas industriales y empresariales.

Para Khochman, la respuesta pasa por plantear la movilidad desde una perspectiva territorial amplia. Cita como ejemplo conexiones como la línea 7P en Alicante, que permite acercar el transporte público a áreas industriales como Pla de la Vallonga y Atalayas, así como las conexiones con el Parque Empresarial de Elche y los corredores que articulan Elda, Petrer, Novelda o Alcoy con Alicante.

La movilidad compartida también puede contribuir a resolver los desplazamientos de última milla, aunque el experto considera necesario analizar previamente la demanda y la viabilidad económica de cada solución.

Cambiar hábitos

La ley contempla incentivos vinculados al transporte público, pero Khochman advierte de que las bonificaciones no bastan por sí solas para modificar hábitos muy arraigados.

"Los incentivos, como las bonificaciones al transporte público, son importantes y pueden ayudar a cambiar hábitos, pero por sí solos probablemente no sean suficientes", sostiene.

Por ello, considera necesario conocer de dónde proceden los trabajadores, cómo se concentran sus desplazamientos y en qué horarios se producen.

Pone como ejemplo la Universidad de Alicante, donde un estudio presentado en 2025 por la Cátedra Vectalia Movilidad cifra en cerca de 8.200 los vehículos que acceden al campus en hora punta, en un entorno al que llegan diariamente más de 33.000 personas.

En los polígonos industriales, la solución pasa igualmente por gestionar la demanda y coordinar las necesidades de los diferentes centros de trabajo. La propia ley contempla mecanismos de coordinación cuando existen varias empresas en una misma zona.

Movilidad y digitalización

La nueva normativa apuesta además por compartir datos y avanzar hacia una movilidad más conectada. Entre sus novedades figura el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), que busca integrar información de Administraciones, operadores y gestores de infraestructuras.

Vectalia trabaja, según explica Khochman, en adaptar sus sistemas a estos nuevos requerimientos. El objetivo es que la información pueda integrarse y compartirse de forma estandarizada.

La ley también impulsa las aplicaciones de Movilidad como Servicio, conocidas como MaaS, y los sistemas integrados de información y venta. Para el usuario, esto puede traducirse en disponer de una visión conjunta del viaje, conocer tiempos de paso, incidencias, cancelaciones y alternativas disponibles.

"La digitalización es uno de los grandes pilares de la nueva ley", concluye el director de Movilidad de Levante de Vectalia.