La viabilidad económica del sector primario en la provincia de Alicante atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. Los productores agrícolas y la flota pesquera alicantina se encuentran atrapados en una pinza demoledora caracterizada por la disparada de los costes de producción, el incremento de los combustibles y unos precios en origen que, en muchos casos, ni siquiera permiten cubrir el coste operativo diario.

Esta coyuntura compromete el futuro de explotaciones clave para el tejido económico y territorial de las comarcas alicantinas y también para la soberanía alimentaria de toda la provincia.

El sector pesquero de la provincia ha hecho sonar las alarmas ante el imparable encarecimiento del gasóleo. Desde pósitos fundamentales como la Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa, un malestar que se extiende directamente a los puertos pesqueros de la Marina Alta y al resto del litoral provincial, se advierte de que la actividad en la mar ha alcanzado niveles en los que mantener la rentabilidad resulta casi inviable.

El impacto es devastador en modalidades pesqueras con un peso estratégico en la economía local, como el arrastre. En un escenario habitual de trabajo, las capturas de un arrastrero pueden deparar una venta media cercana a los 1.500 euros diarios, pero la embarcación requiere un consumo que ronda los 1.000 litros de combustible. Con el precio del carburante escalando hasta los 1,20 euros por litro, la factura energética absorbe hasta 1.200 euros en un solo día, reduciendo a márgenes insignificantes o incluso negativos el resultado del esfuerzo marinero. Las organizaciones pesqueras señalan que el sector ha intentado asumir progresivamente estos incrementos, pero la situación actual ha sobrepasado cualquier capacidad de absorción estructural.

Por su parte, el sector agrario provincial arrastra una dinámica de sobrecostes igualmente asfixiante. Las organizaciones agrarias como LA UNIÓ Llauradora han denunciado que el incremento de los bienes y servicios esenciales para la actividad agrícola sitúa los costes de producción cerca de un 30% por encima de los niveles de 2020. Los gastos más determinantes para las explotaciones alicantinas son precisamente los que más se han encarecido: el combustible agrario acumula un aumento superior al 90%, los fertilizantes se han disparado un 82% y la factura energética ha repuntado un 48%.

En el caso de los fertilizantes nitrogenados, imprescindibles para los rendimientos agrícolas, los costes se han multiplicado de manera drástica, con productos como la urea experimentando fuertes subidas en períodos muy breves. A ello se unen los encarecimientos en el mantenimiento de maquinaria, los productos fitosanitarios y los gastos generales, una presión que se vuelve insostenible durante los meses de verano debido a las elevadas necesidades de riego, bombeo de agua y tratamientos.

La crisis de rentabilidad se percibe con extrema gravedad en el sector arrocero de la Comunitat Valenciana, con fuerte implantación y repercusión en la provincia. La combinación de elevadas mermas en las cosechas por plagas como el cucat o la pyricularia, sumada al descenso vertiginoso de los precios ofrecidos por la industria, ha dejado a los agricultores en números rojos.

Las primeras referencias cotizan caídas de precio en origen que superan el 40% respecto a periodos anteriores. Producir un kilo de arroz supone actualmente un coste aproximado de 0,54 euros, mientras que la oferta de compra se sitúa en torno a los 0,35 euros por kilo, obligando al cultivador a asumir una pérdida directa de unos 0,19 euros por cada kilogramo producido. Esta diferencia implica que el precio percibido es un 35,2% inferior a lo que cuesta producirlo, llevando a muchos agricultores a plantearse seriamente el abandono del cultivo.

Esta pérdida de poder adquisitivo contrasta con las brechas de precio que se generan hasta llegar al consumidor. Los márgenes entre origen y destino alcanzan porcentajes extraordinarios en productos hortofrutícolas y ganaderos, superando el 400% en determinados casos, lo que evidencia la incapacidad del productor para trasladar el incremento de sus costes al valor final de su cosecha. A esta problemática se suma la entrada masiva de importaciones de terceros países. El incremento de las compras de cereales y arroz procedentes del Sudeste Asiático o del Mercosur distorsiona el mercado comunitario y acentúa la presión a la baja sobre los precios percibidos por las explotaciones locales.

El horizonte a corto y medio plazo no ofrece señales de alivio. Las turbulencias en los mercados internacionales de la energía, motivadas por la escasez de capacidad de refino y las tensiones geopolíticas en regiones clave como Oriente Medio o Europa del Este, amenazan con mantener los precios del crudo y sus derivados en cotas elevadas.

Ante esta coyuntura, el sector primario alicantino exige medidas estructurales permanentes, como la aplicación real de las cláusulas de salvaguarda europeas, el reconocimiento de la perturbación de mercado, el control de las importaciones desleales y el establecimiento de un diésel profesional con fiscalidad reducida que permita garantizar la viabilidad económica de la agricultura y la pesca en la provincia.