La Policía Local de Villajoyosa entra en una nueva fase de tensión institucional tras la notificación firmada el 23 de junio de 2026 por el concejal delegado de Personal, que acuerda la finalización de la asignación temporal de funciones de comisario conferida a J.A.I. La resolución no solo formaliza un cambio administrativo. Consuma una operación que en la práctica llevaba meses gestándose y que había ido recortando el peso efectivo del comisario en la organización del cuerpo, hasta dejarlo reducido a un papel de representación institucional mientras otros mandos asumían la dirección operativa.

Como ha venido informando este diario, la mayor parte de los mandos de la Policía Local de Villajoyosa lo es de forma interina, y existen dudas de que algunos de ellos tengan la titulación suficiente para el cargo. Algo que no es el caso del comisario J.A.I., que cuenta con el mayor rango y categoría del cuerpo y ejerce desde 2019.

La novedad de esta notificación es precisamente que cierra el círculo de reorganización policial. Hasta ahora, el diseño impuesto por el decreto de octubre de 2024 había dejado a J.A.I. con funciones protocolarias, de enlace y acompañamiento a autoridades, pero todavía conservaba el paraguas formal de la jefatura temporal.

El alcalde Marcos Zaragoza (PP) le había relevado operativamente, pero seguía siendo la pieza que sostenía la continuidad jurídica y jerárquica del puesto, con capacidad para firmar y responder como referencia orgánica del servicio. Con la resolución ahora notificada, ese último vínculo queda cortado y el Ayuntamiento da por terminada la atribución temporal que había mantenido durante más de seis años.

La resolución se apoya en un informe técnico de Personal y Recursos Humanos de 23 de mayo de 2026, que sostiene que la asignación temporal de funciones no puede prolongarse indefinidamente y que debe adaptarse al nuevo marco legal.

El texto invoca la Ley 4/2021 de la Función Pública Valenciana, el reglamento municipal aprobado definitivamente el 21 de mayo y ya en vigor desde el 18 de junio, y el artículo 42.3 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, para justificar que existen mecanismos específicos para cubrir las funciones de jefatura cuando hay vacante o ausencia. La resolución, por tanto, intenta revestir de regularidad jurídica una decisión que, políticamente a tenor de todos los problemas de la Policía Local de Villajoyosa que ha ido publicando este diario, se interpreta como una desautorización completa del comisario en funciones.

Ya no se trata solo de que el Ayuntamiento haya retirado al comisario de la gestión diaria y haya confiado la organización del servicio a dos inspectores. Ahora lo que se hace es poner fin a la propia situación administrativa que mantenía a J.A.I. como titular temporal de la jefatura. La notificación no le cambia una función concreta. Le retira la base misma que lo mantenía como referencia formal del cargo. Por eso la medida puede leerse como la culminación de una estrategia de vaciamiento de funciones que comenzó con la reorganización de 2024 y que ahora se traduce en una salida definitiva del esquema de mando.

Ese movimiento llega, además, en el peor momento posible para la convivencia interna en el cuerpo. La Policía Local de Villajoyosa arrastra desde hace meses un clima de fricción que ha trascendido incluso a la esfera pública, con quejas sindicales, críticas a decisiones organizativas, polémicas sobre instalaciones y vigilancia en dependencias policiales, tensiones por la falta de efectivos y malestar por la manera en que el gobierno local está gestionando la seguridad ciudadana. En ese contexto, la decisión de dar por finalizada la asignación temporal del comisario no se lee como una simple regularización administrativa, sino como un nuevo gesto de confrontación dentro de una estructura ya muy erosionada.

Crisis en el cuerpo policial

El escrito de revocación presentado por el comisario en marzo de 2026 advertía de que aquel modelo se había vuelto inviable porque uno de los inspectores había pasado a jubilación y el otro iba a ausentarse durante meses por un curso de formación en el IVASPE. Aquella petición ya apuntaba a una paradoja evidente: el Ayuntamiento había separado la jefatura formal de la operativa, pero la estructura diseñada para sostenerla se estaba deshaciendo por completo.

Con la notificación ahora conocida, el Ayuntamiento opta por no restaurar las funciones plenas del comisario, sino por extinguir la asignación temporal y abrir la puerta a otra fórmula de cobertura que todavía deberá concretarse.

La resolución afirma que la finalización no compromete la continuidad del servicio porque la ley prevé mecanismos específicos para los supuestos de vacante o ausencia, pero no explica todavía cómo quedará resuelta la cadena efectiva de mando en el día a día.

Desde el punto de vista político, la decisión también tiene un efecto simbólico claro. El alcalde Marcos Zaragoza ya no solo ha reconfigurado el organigrama: ha culminado la retirada de poder del comisario en funciones y ha consolidado un nuevo esquema de autoridad en el que la figura de J.A.I. queda definitivamente apartada de la jefatura temporal que venía desempeñando desde 2020.

Eso abre un nuevo frente con el propio afectado y, previsiblemente, con parte de la plantilla y de la representación sindical, que venían observando con recelo el deterioro de la relación entre el gobierno municipal y el cuerpo policial.

La decisión llega después de un largo pulso interno en la Policía Local de Villajoyosa que viene arrastrándose desde hace años y que ha ido erosionando la convivencia dentro del cuerpo. En ese tiempo se han acumulado choques por la reorganización de mandos, tensiones con la representación sindical y un clima de desconfianza creciente entre el gobierno municipal y parte de la plantilla, hasta el punto de que cada movimiento organizativo se ha leído ya como un nuevo capítulo de una crisis más profunda.

A ese malestar se han sumado otros episodios que han agravado la sensación de inestabilidad: la polémica por la falta de efectivos, las críticas a la gestión de las plazas, la controversia por las cámaras y micrófonos en dependencias policiales, el conflicto alrededor de los protocolos sobre ocupación de viviendas y las fricciones con Protección Civil.