El Ayuntamiento de Benidorm ha tramitado su adhesión al Fondo de Impulso Económico con el fin de cubrir parcialmente la indemnización derivada del expediente urbanístico APR-7 Serra Gelada, reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) a favor de los propietarios de los terrenos.
El alcalde, Toni Pérez, informó esta tarde a los grupos municipales en la Junta de Portavoces sobre esta decisión, avalada por un informe del área Económica y formalizada mediante decreto de Alcaldía el mismo día en que finalizaba el plazo para acogerse a este mecanismo estatal.
Este fondo, gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado por el Real Decreto-ley 17/2014, permite a los ayuntamientos obtener financiación para cumplir con resoluciones judiciales u obligaciones financieras.
En este caso, los técnicos municipales han fijado en 55 millones de euros la cantidad solicitada, a devolver en un plazo máximo de 12 años y con un tipo de interés aproximado del 3,5%.
Si el Ministerio aprueba la solicitud, el Pleno deberá ratificar posteriormente el calendario de amortización. Esta medida se enmarca dentro de las distintas opciones que el Consistorio estudia para hacer frente al cumplimiento de la sentencia del APR-7.
Mientras tanto, los técnicos jurídicos y económicos municipales siguen analizando los pasos a seguir y la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tras la reciente sentencia que declara nulos los convenios urbanísticos que dieron origen a la indemnización. El Ayuntamiento mantiene su compromiso de informar con transparencia a los grupos políticos y a la ciudadanía sobre cada avance en el proceso.
Ejecución forzosa
"Nos vemos en la necesidad de instar la presente demanda de ejecución forzosa". Con esta frase los propietarios del suelo del parque natural de Serra Gelada piden al Ayuntamiento de Benidorm el pago de los 350 millones de euros que reclaman. El consistorio espera al "criterio técnico" para responder y que este será "el que marque los siguientes pasos".
La petición realizada por el equipo de abogados Domingo Monforte este viernes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera que ha "expirado sobradamente el plazo de tres meses desde que se comunicó al Ayuntamiento de Benidorm la firmeza de la sentencia" y que este consistorio no ha realizado "actividad conocida alguna tendente a darle cumplimiento".
Las empresas Murcia Puchades Expansión y Urbana Villajoyosa 2000 reclaman que cuentan con el favor de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia desde el 23 de mayo de 2024. Esta fue, como señalaba el alcalde Toni Pérez, la primera victoria judicial con que contaba la familia Puchades y así fue recurrida en dos ocasiones.
Los juzgados han dado la espalda a las peticiones de apelación realizadas por Benidorm. Así lo rechazó el Supremo el 2 de abril de 2025 y luego en septiembre del año pasado cuando se pidió al Tribunal Constitucional que admitiera el recurso de amparo para suspender esta sentencia.