Cuando ya se han cumplido 23 años desde que en 2002 el Ayuntamiento de Benidorm requiriese oficialmente al entonces secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Astarloa, la construcción de una nueva Comisaría de la Policía Nacional en la capital turística de la Costa Blanca, ahora el Gobierno de Pedro Sánchez apela a la aprobación del techo de gasto que se debate mañana jueves en el Congreso de los Diputados para desbloquear el proyecto.
Fue la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre (PSOE), en comparecencia en el Senado la que el pasado lunes pidió al senador del PP, Agustín Almodóbar, "apoyo al techo de gasto y los Presupuestos" porque "sería de gran ayuda" para desbloquear la construcción. Una obra que debería llevar décadas terminada ya que cuenta con los terrenos cedidos por el Ayuntamiento y un proyecto que también pagaron los vecinos de la localidad alicantina. Eso sí, aseguró Calvo Sastre, que lo hacía "como sugerencia".
Esa era la "respuesta definitiva y sin más excusas" que le había pedido el senador benidormí para desbloquear una infraestructura estratégica y absolutamente necesaria para este destino turístico internacional. Previamente le había recordado el “maltrato institucional” a Benidorm, subrayando la indignidad que supone para la ciudad y sus agentes operar en una comisaría construida en 1972, pensada para 175 efectivos cuando Benidorm contaba con 25.000 habitantes.
Lo curioso del asunto es que la nueva Comisaría ya formaba parte del Plan de Infraestructuras de Seguridad 2019-2025. Ese plan contemplaba una inversión total de cerca de 600 millones de euros en siete años y destinaba 275 millones para renovar y construir comisarías de Policía Nacional en todo el país. La parte correspondiente a Benidorm nunca se materializó aunque estuvo consignada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022, desapareciendo en 2023.
Como ha venido informando este diario Benidorm supera actualmente los 70.000 censados y puede quintuplicar su población en temporada alta. La plantilla policial actual ronda los 400 agentes, que deben atender a víctimas, investigar, patrullar y garantizar la seguridad de casi cuatro millones de visitantes cada año en un edificio que no responde ni de lejos a las necesidades presentes.
Respuesta de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo, sobre la nueva comisaría de Benidorm.
"Desidia estatal”
Según recordó el senador, el Ayuntamiento de Benidorm cedió en 2015 un solar de 5.000 metros cuadrados, sufragó el proyecto básico aceptado por el Ministerio en 2017 y adaptó todos los requisitos técnicos. Sin embargo, Almodóbar reprochó que lo único que falta es “voluntad política” del Gobierno, después de que las partidas presupuestarias de 2021 y 2022 desaparecieran de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, calificando esta situación de “desidia y engaño político”.
Las necesidades están claras: el municipio sostiene miles de empleos y representa un pilar económico clave en España, donde la seguridad ciudadana es fundamental para la competitividad y reputación internacional de Benidorm como destino turístico.
Por esta razón Almodóbar exigió al Gobierno en sede parlamentaria: un calendario preciso para el inicio de las obras; inclusión inmediata de una partida presupuestaria “suficiente y blindada”; y la validación definitiva del proyecto básico de 2017.
Además, mejoras urgentes en la actual comisaría mientras se construye la nueva. La reivindicación es rotunda: “Benidorm exige hechos, exige respeto y exige ya la comisaría que merece y que le corresponde”, concluyó Almodóbar ante la secretaria de Estado.