Bernabé Cano ha declarado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción de La Vila, al que ha acudido en calidad de investigado, que se vacunó contra la Covid-19 en una residencia de La Nucía (donde ejerce como alcalde) porque así se lo autorizó Salud Pública, es decir, la Generalitat Valenciana, tras constatarse que sobraban dosis.
El también diputado provincial del PP en la Diputación de Alicante ha escudado su defensa, por la que la Fiscalía le imputa un presunto delito de cohecho pasivo, en que -como han mantenido otros políticos que se vacunaron antes de tiempo- no solo Salud Pública le dio el visto bueno a administrarse una dosis sobrante, sino que incluso un representante del órgano estaba presente en el momento.
Así lo ha hecho saber su abogado ante los medios de comunicación. Su letrado, Agustín Rivera, tiene pensado presentar una batería de pruebas gráficas para demostrar la presencia de una empleada de Salud Pública en el geriátrico -que hoy ha negado su presencia- donde Cano se vacunó el 6 de enero, antes de que saltara la noticia de políticos, sindicalistas y religiosos que se habían adelantado al proceso de inmunización.
Su letrado, como ha defendido Cano todo este tiempo, también va a aportar pruebas que demuestran que, cómo médico, se vacunó bajo esa condición. A su juicio, pasa consulta en el Estadio Olímpico, con cuyo club de futbol, La Nucía, acompaña en los partidos, por lo que era personal de riesgo al considerarse sanitario.
Por último, la defensa de Cano ha recordado que no fueron tres, como se dijo en un principio, sino cuatro las dosis sobrantes, dos de las cuales fueron administradas a los guardias civiles que custodiaban las vacunas en el centro de salud de la localidad.
Su condición en la Diputación
Por esta polémica, de la que Bernabé Cano ha restado importancia en todo momento, la Diputación de Alicante le retiró su condición de diputado de Deportes en una maniobra defendida también por los dos diputados de Ciudadanos, que gobiernan con el PP.
Su investigación por parte de la Justicia llega tras la actuación de la Fiscalía de Alicante, que encontró indicios de delito en Cano y en un matrimonio socialista formado por Ximo Coll y Carolina Vives, alcaldes de El Verger y Els Poblets, respectivamente, dos pequeños municipios alicantinos.
Por el contrario, archivó diligencias por entender que habían ajustado al protocolo al responsable del Centro Doctor Esquerdo de la Diputación de Alicante, Juan Bautista Roselló, del PP; el edil del PSOE de Benejúzar, José Antonio García, médico de profesión que tuvo que dimitir de su cargo como comisionado del Departamento de Torrevieja; el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; su hermana, su cuñado y el vicario general de la diócesis, que también recibieron el vial; el regidor popular de Sanidad de Orihuela, José Galiano, y la ya exedil de Dénia Cristina Morera, del PSPV-PSOE, que dimitió por estos hechos.